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El lunes 2 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresó de vacaciones. Había la esperanza de que el máximo tribunal rectificara la jurisprudencia de la Segunda Sala del 9 de junio pasado; pero lejos de dar marcha atrás en la medida publicó el engrose de la misma ratificando el tope de 10 salarios mínimos en las pensiones para los trabajadores asegurados al Instituto Mexicano al Seguro Social (IMSS) y no de 25 salarios como se venía haciendo hasta hace poco dándole una nueva interpretación a la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973.
Las reacciones en avalancha contra de la decisión de la SCJN no se hicieron esperar: la fracción del PRI en la Cámara de Diputados acusó a los ministros de tener una actuación “lamentable” y actuar con una “sensibilidad cuestionable” al resolver la reducción de las pensiones de los trabajadores. Anunciaron que realizaran algunas modificaciones a la LSS para contrarrestar el dictamen de la Suprema Corte y revertir la interpretación dudosa sobre el tope máximo de las pensiones.
En el mismo sentido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le pidió al IMSS eliminar los resquicios jurídicos para evitar dichas interpretaciones que vulneran los derechos de seguridad social de los trabajadores mexicanos, sin importar el número de personas que pudieran ser afectadas. A su vez., el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas reclamó que la aplicación de la jurisprudencia tendría un costo de 100 mil millones de pesos, monto que tendría que devolver el IMSS a 1.2 millones de trabajadores que han cotizado por arriba de 10 salarios mínimos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se deslindó del asunto señalando que tocaba al IMSS aplicar la jurisprudencia emitida por la Corte y que no tenía injerencia en el asunto, lo cual resultaba asombroso considerando que las decisiones del IMSS tienen repercusiones presupuestales.
Sin embargo, de manera intempestiva el IMSS decidió el miércoles 4 de agosto no aplicar la jurisprudencia de la SCJN señalando explícitamente que no se modificará el tope de 25 salarios mínimos para los trabajadores que se jubilen bajo la ley de 1973. Reforma reportó que según integrantes del Consejo Técnico del IMSS se había descartado limitar las pensiones por instrucción presidencial. Versión que además coincide con el mensaje publicado en el Facebook del presidente Felipe Calderón que decía: “Ningún trabajador, jubilado o por jubilarse en el Seguro Social, le será reducida su pensión”.
Lo más patético del asunto es que ante la avalancha de reclamos, la Corte emitió una aclaración aludiendo que los medios mal interpretaron la Jurisprudencia y que el tope de pensiones que paga el IMSS no afectará a la llamada generación de transición, es decir, a los millones de trabajadores que estaban en activo en julio de 1997, y que pueden elegir entre jubilarse con el régimen de Afores o el de la Ley del Seguro Social de 1973. ¿Qué acaso el problema no se originó porque algunos jubilados reclamaron que el IMSS había puesto el tope de 10 salarios mínimos para su jubilación cuando ellos esperaban 25?
En realidad la “Tremenda Corte” y el IMSS ya no sabían como salir del entuerto en que se metieron. Curiosamente todos los sectores estaban en contra de la decisión. Los organismos del sector privado estaban preocupados porque los trabajadores y empleados jubilados y próximos a jubilar exigieran una compensación para resarcir el daño causado contra ellos por la decisión que conculcaba un beneficio esperado; los partidos de oposición (PRI y PRD) veían una gran oportunidad para corregir esta gran injusticia y pasarle la factura política al Gobierno Federal; los sindicatos cuestionados en su legitimidad por no saber defender los intereses de sus agremiados.
Sin embargo, el problema que subyace es la crisis financiera en la que está envuelto el IMSS. El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del IMSS 2009-2010 muestra claramente que la capacidad financiera de la institución para enfrentar los riegos, contingencias y pasivos de los seguros que administra es real por lo que la viabilidad financiera está en riesgo si no se elevan las cuotas obrero-patronales, se eleva el subsidio proveniente del Gobierno Federal o se reducen algunos gastos.
Adicionalmente, como la LSS vigente no permite que la reserva financiera actuarial de los seguros superavitarios (Invalidez y de Vida y; Riesgo de Trabajo) sean utilizados para financiar los gastos de los seguros deficitarios (Enfermedades y Maternidad; Salud para la Familia, y; Guarderías y Prestaciones Sociales); si bien tiene la virtud de que los recursos no se desvíen del propósito al que fueron destinados, tiene la desventaja de que reduce enormemente el margen de maniobra del IMSS. Esta reforma se aprobó en 2004 y paradójicamente ha entrampado más al Instituto.
La crisis del IMSS es tan grave, que ha llevado a expertos como Santiago Levy, exdirector del mismo a proponer su desaparición y a la constitución de una nueva institución que ofrezca un seguro universal y que sea financiado directamente con impuestos. ¿Acaso no recuerda Levy, el nivel de tensión que generó la reforma de 2004 impulsada por él? ¿Cómo no alcanza comprender como un asunto mucho menor como el tope de la pensión de 25 a 10 salarios generó tanto rechazo? Parece ser que nuestros tecnócratas viven en otro mundo o añoran un régimen autoritario donde se impongan a fuerza este tipo de medidas radicales.
Es cierto el IMSS está enfermo como dice Sergio Sarmiento, pero matarlo no es la solución ni tampoco escatimarle a los asegurados sus cotizaciones para resolver los problemas financieros de la institución.
Las reacciones en avalancha contra de la decisión de la SCJN no se hicieron esperar: la fracción del PRI en la Cámara de Diputados acusó a los ministros de tener una actuación “lamentable” y actuar con una “sensibilidad cuestionable” al resolver la reducción de las pensiones de los trabajadores. Anunciaron que realizaran algunas modificaciones a la LSS para contrarrestar el dictamen de la Suprema Corte y revertir la interpretación dudosa sobre el tope máximo de las pensiones.
En el mismo sentido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le pidió al IMSS eliminar los resquicios jurídicos para evitar dichas interpretaciones que vulneran los derechos de seguridad social de los trabajadores mexicanos, sin importar el número de personas que pudieran ser afectadas. A su vez., el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas reclamó que la aplicación de la jurisprudencia tendría un costo de 100 mil millones de pesos, monto que tendría que devolver el IMSS a 1.2 millones de trabajadores que han cotizado por arriba de 10 salarios mínimos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se deslindó del asunto señalando que tocaba al IMSS aplicar la jurisprudencia emitida por la Corte y que no tenía injerencia en el asunto, lo cual resultaba asombroso considerando que las decisiones del IMSS tienen repercusiones presupuestales.
Sin embargo, de manera intempestiva el IMSS decidió el miércoles 4 de agosto no aplicar la jurisprudencia de la SCJN señalando explícitamente que no se modificará el tope de 25 salarios mínimos para los trabajadores que se jubilen bajo la ley de 1973. Reforma reportó que según integrantes del Consejo Técnico del IMSS se había descartado limitar las pensiones por instrucción presidencial. Versión que además coincide con el mensaje publicado en el Facebook del presidente Felipe Calderón que decía: “Ningún trabajador, jubilado o por jubilarse en el Seguro Social, le será reducida su pensión”.
Lo más patético del asunto es que ante la avalancha de reclamos, la Corte emitió una aclaración aludiendo que los medios mal interpretaron la Jurisprudencia y que el tope de pensiones que paga el IMSS no afectará a la llamada generación de transición, es decir, a los millones de trabajadores que estaban en activo en julio de 1997, y que pueden elegir entre jubilarse con el régimen de Afores o el de la Ley del Seguro Social de 1973. ¿Qué acaso el problema no se originó porque algunos jubilados reclamaron que el IMSS había puesto el tope de 10 salarios mínimos para su jubilación cuando ellos esperaban 25?
En realidad la “Tremenda Corte” y el IMSS ya no sabían como salir del entuerto en que se metieron. Curiosamente todos los sectores estaban en contra de la decisión. Los organismos del sector privado estaban preocupados porque los trabajadores y empleados jubilados y próximos a jubilar exigieran una compensación para resarcir el daño causado contra ellos por la decisión que conculcaba un beneficio esperado; los partidos de oposición (PRI y PRD) veían una gran oportunidad para corregir esta gran injusticia y pasarle la factura política al Gobierno Federal; los sindicatos cuestionados en su legitimidad por no saber defender los intereses de sus agremiados.
Sin embargo, el problema que subyace es la crisis financiera en la que está envuelto el IMSS. El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del IMSS 2009-2010 muestra claramente que la capacidad financiera de la institución para enfrentar los riegos, contingencias y pasivos de los seguros que administra es real por lo que la viabilidad financiera está en riesgo si no se elevan las cuotas obrero-patronales, se eleva el subsidio proveniente del Gobierno Federal o se reducen algunos gastos.
Adicionalmente, como la LSS vigente no permite que la reserva financiera actuarial de los seguros superavitarios (Invalidez y de Vida y; Riesgo de Trabajo) sean utilizados para financiar los gastos de los seguros deficitarios (Enfermedades y Maternidad; Salud para la Familia, y; Guarderías y Prestaciones Sociales); si bien tiene la virtud de que los recursos no se desvíen del propósito al que fueron destinados, tiene la desventaja de que reduce enormemente el margen de maniobra del IMSS. Esta reforma se aprobó en 2004 y paradójicamente ha entrampado más al Instituto.
La crisis del IMSS es tan grave, que ha llevado a expertos como Santiago Levy, exdirector del mismo a proponer su desaparición y a la constitución de una nueva institución que ofrezca un seguro universal y que sea financiado directamente con impuestos. ¿Acaso no recuerda Levy, el nivel de tensión que generó la reforma de 2004 impulsada por él? ¿Cómo no alcanza comprender como un asunto mucho menor como el tope de la pensión de 25 a 10 salarios generó tanto rechazo? Parece ser que nuestros tecnócratas viven en otro mundo o añoran un régimen autoritario donde se impongan a fuerza este tipo de medidas radicales.
Es cierto el IMSS está enfermo como dice Sergio Sarmiento, pero matarlo no es la solución ni tampoco escatimarle a los asegurados sus cotizaciones para resolver los problemas financieros de la institución.
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