mail: pabloail@yahoo.com.mx
El sábado 9 de julio, la gasolina registró el séptimo incremento del año de 8 centavos, por lo que la tipo Magna costará 9.32 pesos por litro. De esta forma, ha subido 5.2% en lo que va del año, mientras que la inflación general acumulada en los primeros seis meses fue de 0.30%, generando molestia entre los automovilistas, quienes han asimilado resignadamente, estos incrementos paulatinos que continuaran a lo largo del año.
El aumento de la gasolina se debe a que más del 40% de la gasolina se importa y como el precio internacional ha ido a la alza, el gobierno ha tenido que ajustar más frecuentemente el precio, a pesar de la apreciación del peso frente al dólar, porque el subsidio que pretendía otorgar, que cubre parte de la diferencia entre el precio oficial y el internacional, se ha incrementado más de lo programado. Según declaraciones de Ernesto Cordero, titular de Hacienda, el monto de los subsidios sería de 170 mil millones de pesos en 2011.
Es evidente que el gobierno mexicano no quisiera que el precio de la gasolina subiese demasiado rápido, porque ello además de que le restaría popularidad entre sectores de clase media, que son su base de apoyo, podría tener un impacto inflacionario por el efecto indirecto por mayores costos de trasporte. Por ello, es que se ha optado por los deslizamientos mensuales, para que no se resienta tan de golpe el alza.
Sin embargo, los elevados subsidios a la gasolina ha sido cuestionados por diversos organismos (OCDE, PNUD, etc.) y especialistas, porque son muy regresivos, ya que benefician preferentemente a la población de mayores ingresos. Adicionalmente, el mayor incremento de los subsidios, además de seguir emporando el déficit público, sigue alentando el uso del trasporte privado en lugar del público.
En un reporte reciente, el PNUD destaca que en 2008 se gastaron casi cuatro veces más recursos gubernamentales en subsidiar la gasolina que en todos los programas para combatir la pobreza.
La discusión del creciente subsidio a la gasolina plantea dos temas: 1) la política de precios controlados y administrados del Gobierno Federal más orientada a evitar incrementos elevados de precios (inflación reprimida), se contrapone al objetivo de equilibrar las finanzas públicas, sobre todo de cara al proceso electoral de 2012, es decir, hay una decisión en disyuntiva (trade off) entre la inflación y el menor déficit público que implica reducir el subsidio a la gasolina; y 2) ¿cuál debe ser la política para producir refinados en México?
Por una parte están quienes señalan que el país debe explotar sus ventajas comparativas e invertir más en exploración y menos en refinación, es decir, seguir como estamos e intercambiar materias primas por productos con mayor valor agregado, pero eliminando los elevados subsidios a la gasolina, que además de regresivos, empeoran sensiblemente las finanzas públicas, recortando recursos para necesidades más prioritarias de la población.
En una posición con más matices, están los que son más partidarios de que Pemex compre refinerías en Texas y desde el extranjero surta el combustible, lo que tiene la ventaja de que en el corto plazo resuelves una carencia y no se tienen que iniciar largos y costosos proyectos de inversión en México. Las desventajas de esta alternativa son que no contempla los costos de transporte, supone erróneamente que hay excedentes de refinerías en el resto del mundo y omite la circunstancia de que algunas de esas instalaciones ya son obsoletas y experimentan una elevada depreciación, además de que algunas de estas “gangas” enfrentan severas restricciones ambientales, por lo que los costos de producción tenderían a ser más elevados, en países donde los reguladores son más estrictos.
Otra alternativa es que el gobierno mexicano decida resolver el problema en el mediano y largo plazo construyendo más refinerías en México. Sin embargo, está claro que no quiere impulsar esta opción con el actual marco jurídico. En una gira reciente por Europa, el presidente Calderón declaró que estaba insatisfecho con la anterior reforma petrolera, que no permitía inversión privada en la industria petroquímica primaria. Adicionalmente, es evidente la táctica dilatoria para la construcción de una planta de refinación en Tula. Primero, se decidió someter a concurso el lugar de instalación politizando y confrontando a los gobiernos estatales, cuando la decisión pudo haberse tomado desde un principio, por consideraciones técnico-económicas.
Posteriormente, una vez ya tomada la decisión, el proyecto se ha ido postergando por diversas consideraciones, que van desde un proceso burocrático en la toma de decisiones, hasta los elevados costos de subcontratación, puesto que Pemex-Refinación ha sido el área más descuidada de la paraestatal y se ve obligada a contratar proceso productivos con empresas privadas nacionales y extranjeras, que vuelve muy complejo cualquier avance.
Algunos expertos en la industria petrolera creen que el actual gobierno no tiene la voluntad política para aplicar la reciente reforma petrolera, por lo que PEMEX sigue funcionando inercialmente, con deficiencias crónicas de funcionamiento corporativo, mala administración, corrupción y paralizada por la imposibilidad de tomar decisiones asertivas, atrapada por una maraña burocrática impresionante donde prevalecen los intereses creados de los proveedores de la paraestatal y ahorcada fiscalmente por la necesidad de recursos para las finanzas públicas.
Lo más paradójico de esta historia de displicencia para implementar la reforma energética aprobada en 2008, es que, cuando el próximo gobierno tenga voluntad para hacerlo, tal vez México ya no tenga el nivel de reservas petrolera necesaria para aprovechar esa ventaja comparativa que tuvimos en el pasado, gracias al agotamiento prematuro de los yacimientos petroleros provocado por la sobreexplotación de los mismos y especialmente en los últimos diez años.
Los automovilistas mexicanos podrán seguir gozando de un precio más bajo de la gasolina que en el extranjero en el corto plazo, lo que ayudará sin duda a que la inflación sea baja y a que la popularidad de nuestros gobernantes no se vea afectada. Sin embargo, a medida que los subsidios a la gasolina sigan creciendo, el deslizamiento del precio tendrá que ampliarse, aunque ello tal vez sucederá hasta julio de 2012, pasadas las elecciones. Sin embargo, “no se podrá seguir nadando de muertito” por mucho tiempo y una reforma fiscal tendrá que llegar más pronto que tarde, porque el “colchón” de los recursos petroleros se agotará en algún momento.
El sábado 9 de julio, la gasolina registró el séptimo incremento del año de 8 centavos, por lo que la tipo Magna costará 9.32 pesos por litro. De esta forma, ha subido 5.2% en lo que va del año, mientras que la inflación general acumulada en los primeros seis meses fue de 0.30%, generando molestia entre los automovilistas, quienes han asimilado resignadamente, estos incrementos paulatinos que continuaran a lo largo del año.
El aumento de la gasolina se debe a que más del 40% de la gasolina se importa y como el precio internacional ha ido a la alza, el gobierno ha tenido que ajustar más frecuentemente el precio, a pesar de la apreciación del peso frente al dólar, porque el subsidio que pretendía otorgar, que cubre parte de la diferencia entre el precio oficial y el internacional, se ha incrementado más de lo programado. Según declaraciones de Ernesto Cordero, titular de Hacienda, el monto de los subsidios sería de 170 mil millones de pesos en 2011.
Es evidente que el gobierno mexicano no quisiera que el precio de la gasolina subiese demasiado rápido, porque ello además de que le restaría popularidad entre sectores de clase media, que son su base de apoyo, podría tener un impacto inflacionario por el efecto indirecto por mayores costos de trasporte. Por ello, es que se ha optado por los deslizamientos mensuales, para que no se resienta tan de golpe el alza.
Sin embargo, los elevados subsidios a la gasolina ha sido cuestionados por diversos organismos (OCDE, PNUD, etc.) y especialistas, porque son muy regresivos, ya que benefician preferentemente a la población de mayores ingresos. Adicionalmente, el mayor incremento de los subsidios, además de seguir emporando el déficit público, sigue alentando el uso del trasporte privado en lugar del público.
En un reporte reciente, el PNUD destaca que en 2008 se gastaron casi cuatro veces más recursos gubernamentales en subsidiar la gasolina que en todos los programas para combatir la pobreza.
La discusión del creciente subsidio a la gasolina plantea dos temas: 1) la política de precios controlados y administrados del Gobierno Federal más orientada a evitar incrementos elevados de precios (inflación reprimida), se contrapone al objetivo de equilibrar las finanzas públicas, sobre todo de cara al proceso electoral de 2012, es decir, hay una decisión en disyuntiva (trade off) entre la inflación y el menor déficit público que implica reducir el subsidio a la gasolina; y 2) ¿cuál debe ser la política para producir refinados en México?
Por una parte están quienes señalan que el país debe explotar sus ventajas comparativas e invertir más en exploración y menos en refinación, es decir, seguir como estamos e intercambiar materias primas por productos con mayor valor agregado, pero eliminando los elevados subsidios a la gasolina, que además de regresivos, empeoran sensiblemente las finanzas públicas, recortando recursos para necesidades más prioritarias de la población.
En una posición con más matices, están los que son más partidarios de que Pemex compre refinerías en Texas y desde el extranjero surta el combustible, lo que tiene la ventaja de que en el corto plazo resuelves una carencia y no se tienen que iniciar largos y costosos proyectos de inversión en México. Las desventajas de esta alternativa son que no contempla los costos de transporte, supone erróneamente que hay excedentes de refinerías en el resto del mundo y omite la circunstancia de que algunas de esas instalaciones ya son obsoletas y experimentan una elevada depreciación, además de que algunas de estas “gangas” enfrentan severas restricciones ambientales, por lo que los costos de producción tenderían a ser más elevados, en países donde los reguladores son más estrictos.
Otra alternativa es que el gobierno mexicano decida resolver el problema en el mediano y largo plazo construyendo más refinerías en México. Sin embargo, está claro que no quiere impulsar esta opción con el actual marco jurídico. En una gira reciente por Europa, el presidente Calderón declaró que estaba insatisfecho con la anterior reforma petrolera, que no permitía inversión privada en la industria petroquímica primaria. Adicionalmente, es evidente la táctica dilatoria para la construcción de una planta de refinación en Tula. Primero, se decidió someter a concurso el lugar de instalación politizando y confrontando a los gobiernos estatales, cuando la decisión pudo haberse tomado desde un principio, por consideraciones técnico-económicas.
Posteriormente, una vez ya tomada la decisión, el proyecto se ha ido postergando por diversas consideraciones, que van desde un proceso burocrático en la toma de decisiones, hasta los elevados costos de subcontratación, puesto que Pemex-Refinación ha sido el área más descuidada de la paraestatal y se ve obligada a contratar proceso productivos con empresas privadas nacionales y extranjeras, que vuelve muy complejo cualquier avance.
Algunos expertos en la industria petrolera creen que el actual gobierno no tiene la voluntad política para aplicar la reciente reforma petrolera, por lo que PEMEX sigue funcionando inercialmente, con deficiencias crónicas de funcionamiento corporativo, mala administración, corrupción y paralizada por la imposibilidad de tomar decisiones asertivas, atrapada por una maraña burocrática impresionante donde prevalecen los intereses creados de los proveedores de la paraestatal y ahorcada fiscalmente por la necesidad de recursos para las finanzas públicas.
Lo más paradójico de esta historia de displicencia para implementar la reforma energética aprobada en 2008, es que, cuando el próximo gobierno tenga voluntad para hacerlo, tal vez México ya no tenga el nivel de reservas petrolera necesaria para aprovechar esa ventaja comparativa que tuvimos en el pasado, gracias al agotamiento prematuro de los yacimientos petroleros provocado por la sobreexplotación de los mismos y especialmente en los últimos diez años.
Los automovilistas mexicanos podrán seguir gozando de un precio más bajo de la gasolina que en el extranjero en el corto plazo, lo que ayudará sin duda a que la inflación sea baja y a que la popularidad de nuestros gobernantes no se vea afectada. Sin embargo, a medida que los subsidios a la gasolina sigan creciendo, el deslizamiento del precio tendrá que ampliarse, aunque ello tal vez sucederá hasta julio de 2012, pasadas las elecciones. Sin embargo, “no se podrá seguir nadando de muertito” por mucho tiempo y una reforma fiscal tendrá que llegar más pronto que tarde, porque el “colchón” de los recursos petroleros se agotará en algún momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario