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El segundo semestre de 2006 fue verdaderamente conflictivo política y socialmente en México, al punto de estar amenazada la gobernabilidad del país. Unas elecciones presidenciales muy cerradas y la negativa de las autoridades electorales a realizar un recuento de votos por no haber la obligatoriedad legal, pero sobre todo, la falta de voluntad política, exacerbó los ánimos. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bloquearon el Paseo de la Reforma dos meses y medio, quienes ante la negativa de aceptar el fallo del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían decidido radicalizar la resistencia civil.
En Oaxaca, la decisión del gobernador Ulises Ruiz de acabar con las protestas de los maestros en junio mediante el uso de la fuerza pública, provocó un amplio movimiento popular que buscaba su renuncia. En el resto del país, los diversos grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada aprovechaban la coyuntura de un gobierno federal debilitado y concentrado en resolver la problemática de la transición sexenal para consolidar su poder en amplias regiones como un efectivo poder paralelo.
La necesidad de legitimarse y de consolidarse en el poder, obligó al entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa a negociar el respaldo del PRI, que estaba dispuesto a otorgarle su reconocimiento a cambio de cogobernar desde el poder legislativo y las gubernaturas estatales y que el PAN rechazara los juicios políticos en contra de los gobernadores de Puebla y Oaxaca. Se repetía la historia del sexenio salinista, pero con intercambio de roles entre el PAN y el PRI, luego de una crisis postelectoral. De nueva cuenta el país quedaba en medio del encono y la falta de consensos para construir un proyecto nacional.
El 1 de diciembre de 2006 ocurría un hecho inédito en la historia. A las 0:00 hrs. el presidente Calderón flanqueado por los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina anunciaba que asumía el cargo desde ese momento. El hecho resultaría emblemático para el resto del sexenio, puesto que gobernaría y ejercería su autoridad con el respaldo de las fuerzas armadas de manera activa, rompiéndose la regla establecida desde mediados del siglo XX, de que los militares no intervendrían en asuntos políticos. El mensaje disuasivo a AMLO era muy claro y contundente, quien tuvo que exhortar a sus seguidores a que mantuvieran la calma y se replegaran.
El gabinete se conformó con la lógica del pago de compromisos y del premio al círculo cercano conformado por una tecnocracia de doctorados en el extranjero, que con gran prepotencia e inexperiencia estaban deseosos de ejercer el mando generando situaciones de conflicto, que llevaron a las renuncias de varios secretarios pasado el año. Sólo habría lugar para el primer círculo del Presidente y los incondicionales; ante la disyuntiva de capacidad o lealtad, ésta prevalecería.
Sin embargo, económicamente las cosas no iban tan mal. El PIB creció 5.1%, la inflación repuntaba, pero cerraba el año en 4.05%, la economía de Estados Unidos ayudaba a un favorable desempeño de las exportaciones. Los organismos internacionales otorgaban el beneplácito al nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que había sido adelantado para tranquilizarlos. En ese tiempo se comentaba que los extranjeros veían con más optimismo el futuro del país que los mexicanos.
En la segunda semana de diciembre de 2006, se lanza un operativo masivo del ejército en Michoacán y otro un mes después en ciudad Juárez. El llegar a poner orden fue recompensado en ese momento en alza en los niveles de aprobación del Presidente. Sin embargo, aunque la estrategia era redituable en el corto plazo, exhibiría sus limitaciones, porque los traslados no podían ser permanentes y las plazas eran recuperadas por los grupos de la delincuencia organizada, que contraatacaba en otros puntos del país, ampliando la zona de conflicto. En un principio, el gobierno federal festinaba el efecto “cucaracha” como una muestra de la efectividad. Asumía el hecho de que habría “daños colaterales”; sin embargo, estos fueron creciendo más allá de lo que se había previsto. A finales de marzo de 2011, los especialistas del sector privado encuestados por Banco de México consideraban a la inseguridad pública como el factor que más podría limitar el crecimiento en los siguientes seis meses.
En 2007, Calderón impulsaba activamente las relaciones internacionales. Fundamentalmente, trataba de fortalecer la inversión extranjera y el comercio vendiendo la idea de que su gobierno no era como el resto de la izquierda latinoamericana, donde no había garantías para la inversión foránea. Anticipaba la promesa de que lograría sacar adelante varias reformas estructurales que estaban detenidas, que acabaría con el poder de los oligopolios (Telmex y Telcel), que permitiría la privatización en sectores reservados para el estado y que flexibilizaría las relaciones laborales, modificando la ley federal del trabajo, entre otras cuestiones.
La realidad interna era muy distinta. El PRI sólo permitiría pasar algunas reformas y con modificaciones a la propuesta inicial. Se pasó una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del estado, que obligaba a los nuevos empleados a crear cuentas individuales para el retiro y al resto les daba la opción de que continuaran con el sistema solidario anterior. La enorme mayoría optó por el viejo sistema.
Se impulsó una reforma fiscal integral. Se aprobó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) a personas físicas y morales mediante el cual el gobierno acentuaba el control sobre los contribuyentes y obligaba a que se hiciesen declaraciones mensuales. Sin embargo, la reforma no canceló los regímenes especiales ni la exención del IVA en medicinas y alimentos, así como la tasa cero en algunos tipos de bienes, por lo que, la evasión y elusión continuó, pero haciendo más gravosa la carga fiscal con los contribuyentes cautivos. Hubo otras medidas complementarias como grabar los depósitos en efectivo en los bancos con un 2%.
Sin embargo, el efecto no deseado de esta reforma fue alentar la informalidad y que una parte significativa de las transacciones se haga al margen del sistema bancario para evitar las penalizaciones. Por otra parte, se redujo el apoyo público a ulteriores reformas.
Por el lado del gasto, se implementó el presupuesto basada en resultados, estableciendo el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para los programas presupuestarios (PP). Los programas sociales serían evaluados por el Coneval y el resto por la Secretaria de Hacienda. No cabe duda que “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”, puesto que no se han eliminado las simulaciones o se implementan incentivos perversos para reducir los PP en los que se otorgan subsidios a la población. En el primer caso está el Fondo PYME, cuyos recursos son distribuidos a través de organismos intermedios, pero sin controles, coordinación, ni indicadores como lo estableció recientemente la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2009 divulgada recientemente. En el otro caso, se imponen severas reglas de operación que impide el otorgamiento de los recursos a la población objetivo y después se les castiga por ineficientes. La OCDE también ha alertado sobre el potencial conflicto de intereses entre los evaluadores externos y las dependencias evaluadas o que encargan los dictámenes. En sentido contrario, están los PP, donde el gasto ejercido sobrepasa con mucho el asignado, ya sea porque se ven beneficiados por otros ingresos fiscales no contemplados en el presupuesto original o por criterios discrecionales.
A principios de 2008, la crisis hipotecaria de las subprime amenazaba con convertirse en una crisis financiera mundial. La recesión en Estados Unidos había comenzado en diciembre de 2007. Sin embargo, el optimismo gubernamental -“el catarrito” de Cartens o de algunos comentaristas “oficiales” que se empeñaban en no reconocer que la desaceleración amenazaba con convertirse en recesión- negaba el gran peligro que se avecinaba sobre la economía mexicana.
En marzo de 2006, se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecía la obligatoriedad de un presupuesto balanceado, lo que acentuaría el carácter procíclico del gasto público. Cuando la crisis económica mundial estalló en septiembre de 2008, tuvo que ser modificada para permitir déficit en situaciones especiales, como era el caso.
En octubre de 2008, se aprobaba una reforma energética. Calderón se congratulaba del éxito, cuando en realidad era muy distinta a su propuesta original, y más acorde al PRI y al PRD. La petroquímica secundaria seguiría siendo una actividad exclusiva del estado. En 2009, se decidió que una nueva refinería se construiría en Tula, Hgo. Sin embargo, a dos años de distancia el Gobierno Federal ha venido implementando tácticas dilatorias para no iniciar su construcción y ha manifestado en diversos foros su intención de promover otra reforma.
En las elecciones de diputados federales del 2009, el PRI pasa a ser la primera fuerza en la Cámara baja con 237 escaños con un elevado voto de castigo por la situación económica y aprovechando el efecto no deseado de la campaña del voto en blanco que le ayudó a ganar de manera muy cerrada algunos distritos que tradicionalmente eran bastiones del PAN y del PRD, que con los de su aliado Verde, le permite tener mayoría. La renuncia de Germán Martínez y su sustitución por César Nava en la dirección del PAN reflejaba elocuentemente el fracaso político. El PRI aprobaba el alza del IVA de 15 a 16% y en otros impuestos a cambio del que PAN no se aliara con el PRD.
En el 2010, todo pintaba para un “carro completo” en las elecciones estatales. Sin embargo, la alianza entre el PRD y el PAN combinada con la imposición de candidatos del PRI por los gobernadores provocó la derrota en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Mientras tanto, el país festejaba el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en una ambiente social empañado por la ola de violencia y terror en muchas regiones. El gobierno le echaba la culpa a los medios de la mala percepción sobre la inseguridad, cuando el pobre desempeño del turismo, la queja de los gobiernos extranjeros y organismos empresariales, y el abandono de poblados dicen lo contrario.
