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De manera subrepticia la semana pasada trascendió en los medios impresos -porque en los electrónicos el asunto ha sido prácticamente silenciado- la jurisprudencia que emitió el 9 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativa al tope de pensiones que reduce de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el límite superior para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada a los trabajadores asegurados al Instituto Mexicano al Seguro Social (IMSS) resolviendo una contradicción entre dos tribunales colegiados de circuito.
Tratando de suavizar las reacciones, la SCJN aclaró el 27 de julio que la jurisprudencia sobre el límite de 10 salarios mínimos como base para el cálculo de pensiones sólo aplicara a quienes se jubilen bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997. Sin embargo, la mayor parte de los pensionados en curso y de los que harán los próximos 15 años lo harán según la Ley de 1973, por lo que jurisprudencia de la Corte puede afectar a millones.
Lo paradójico del asunto es que algunos analistas y medios que alertaron sobre la trascendencia de la resolución, son quienes no ha querido reconocer que el IMSS tiene toda la intención de aplicarla, señalando ingenuamente que “el IMSS no está obligado a fijar pensiones en función de lo que la Corte establezca” o que es una decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El asunto comenzó porque un asegurado emprendió un litigio contra el IMSS, que le estaba ofreciendo un cálculo de pensión con 10 salario y no con 25 como pretendía, por lo que la Corte entró al tema a solicitud del IMSS dándole la razón al organismo. Realmente resulta cándido esperar que el IMSS con la resolución a su favor reconsidere y ofrezca a las personas que están en ese caso la pensión con 25 salarios mínimos, porque es lo justo. Más que candidez, incluso sería un contrasentido que el IMSS teniendo el caso ganado, no quisiera ejecutar el fallo a su favor y por ende en contra del beneficio de una multitud de personas que se verán perjudicadas por la jurisprudencia, que implica que a casos similares se les aplica el mismo criterio.
El ministro Sergio Valls fue quien elaboró la tesis y la suscribieron por unanimidad todos los otros integrantes de la Segunda Sala: Luis María Aguilar, Fernando Franco, Margarita Luna y el presidente de la Sala, Salvador Aguirre Anguiano alegando que de no hacerlo la viabilidad financiera del IMSS estaría en riesgo. El asunto ha generado molestia porque Valls fue en un pasado Subdirector Jurídico por lo que algunos opinan que entrada estaba a favor de una de las partes por lo que debió haberse excusado del asunto, esto es, se vulneró el principio de imparcialidad.
Según trascendió en La Jornada, que consiguió el documento de 51 páginas donde los Ministros de la Segunda Sala de la Corte fundamentan la jurisprudencia, el argumento central para el dictamen fue salvar financieramente al IMSS. Lo lamentable es que el objetivo de solvencia financiera esté por encima de los derechos de los trabajadores.
Desde que se aprobaron las modificaciones a la Ley del Seguro Social en 1997, cuando se estableció el sistema de cuentas individuales de retiro para los nuevos asegurados se había insistido en que si no se corregía el problema de los pasivos contingentes del IMSS, entre ellos la carga a futuro de las pensiones, éste estaría quebrado considerando escenarios de distintas proyecciones actuariales. Por lo que esta discusión parece un deja vu.
En el Informe de la situación financiera y los riesgos 2009-2010 donde se destaca la necesidad de cambios legales para elevar las contribuciones, es decir, elevar las cuotas de tres de sus sistemas de seguridad para aliviar la delicada situación financiera, lo cual requiere la aprobación del Congreso.
Algún analista se preguntaba si el IMSS se atrevería a recortar las pensiones, es decir a aplicar la Jurisprudencia a pesar de que habrá un fuerte descontento por la aplicación de la medida y que era un aspecto socialmente muy sensible. Mi impresión es que sí lo harán, máxime que el incremento de la cuotas muy difícilmente será aprobado por el Congreso, mientras que el recorte de las pensiones tiene todo el aval legal de la Suprema Corte.
Sin ser un experto en temas de seguridad social, en los que los actuarios pueden hablar con mayor conocimiento de causa que los economistas, adelanto la hipótesis de que gran parte de los problemas financieros del IMSS tiene que ver más con su incapacidad para que las autoridades laborales (STPS) frenen la práctica extendida del outsourcing, es decir, todo el proceso de subcontratación laboral que hay en México, en el que estas compañías le resuelven el problema a las empresas de los “costos de seguridad social” contratando a personas sin estos derechos y absorbiendo la relación laboral por ellos. Es decir, aunque es obligación legal de las empresas ofrecer seguro social, cada vez son más las que la evaden; aunque en el caso de las micro y pequeñas esto se debe a que no tienen capacidad económica para solventar la “prestación de ley”.
Es decir, en lugar de que el tamaño del pastel crezca en calidad y cantidad, el seguro social en México se ha ido reduciendo, no sólo en la calidad de los servicios sino en la garantía de una pensión digna. Ejemplos en la prensa sobran: compra de aparatos muy costosos, pero que por no contar con los recursos humanos y físicos (falta de materias primas, reactivos, etc.) para echarlos a andar terminan descomponiéndose ocasionado grandes pérdidas. Lo mismo que enormes y flamantes edificios nuevos pero sin médicos ni enfermeras, o con falta de materiales para atender a los derecho-habientes.
También es cierto que en muchas encuestas de atención al cliente, muchos de ellos responden que en general todo está muy bien. En gran parte esta respuesta condescendiente obedece en parte a dos causas: el temor a las represalias si se quejan, y al sentimiento de gratitud del mexicano, de señalar que “por lo menos tengo esto, que en caso contrario me costaría una fortuna en un hospital privado”.
Si bien es cierto como destaca Reforma (27 julio) que el déficit de recursos del IMSS repuntó el año pasado, porque la crisis propició una menor recaudación; en realidad el problema financiero del organismo ya era crítico y el desplome de la actividad económica lo hizo más evidente.
Por otra parte, se ha destacado el enorme crecimiento del déficit en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del Instituto, es decir, de sus propios trabajadores, por lo que en el mencionado informe se destaca que el IMSS pretende ejercer acciones para propiciar un entorno de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro, donde se puedan ponderar una baja del pasivo laboral, así como una mejora en el balance entre las condiciones laborales de los trabajadores y su productividad. Traducido en palabras más llanas en recortar las condiciones generales de trabajo.
En conclusión, el fallo de la Corte, el anuncio de ajuste internos dentro del IMSS (recortes, despidos modificaciones de las condiciones laborales, etc.) y el amago de alza de cuotas pueden ser el detonante de un fuerte descontento social. No nos extrañe entonces, que personajes como Andrés Manuel López Obrador, que el domingo pasado dio el banderazo de salida para su campaña hacia el 2012, aprovechen la oportunidad para revivir políticamente, ya que tienen por delante un excelente “caldo de cultivo” para canalizar el descontento que se ampliaría con una reforma fiscal “ahora sí de a de veras”. Con una estrategia similar a los “Amigos de Fox”, AMLO quisiera imponerle al PRD su candidatura ante una “avalancha” tan abrumadora como la suya.
Tratando de suavizar las reacciones, la SCJN aclaró el 27 de julio que la jurisprudencia sobre el límite de 10 salarios mínimos como base para el cálculo de pensiones sólo aplicara a quienes se jubilen bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997. Sin embargo, la mayor parte de los pensionados en curso y de los que harán los próximos 15 años lo harán según la Ley de 1973, por lo que jurisprudencia de la Corte puede afectar a millones.
Lo paradójico del asunto es que algunos analistas y medios que alertaron sobre la trascendencia de la resolución, son quienes no ha querido reconocer que el IMSS tiene toda la intención de aplicarla, señalando ingenuamente que “el IMSS no está obligado a fijar pensiones en función de lo que la Corte establezca” o que es una decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El asunto comenzó porque un asegurado emprendió un litigio contra el IMSS, que le estaba ofreciendo un cálculo de pensión con 10 salario y no con 25 como pretendía, por lo que la Corte entró al tema a solicitud del IMSS dándole la razón al organismo. Realmente resulta cándido esperar que el IMSS con la resolución a su favor reconsidere y ofrezca a las personas que están en ese caso la pensión con 25 salarios mínimos, porque es lo justo. Más que candidez, incluso sería un contrasentido que el IMSS teniendo el caso ganado, no quisiera ejecutar el fallo a su favor y por ende en contra del beneficio de una multitud de personas que se verán perjudicadas por la jurisprudencia, que implica que a casos similares se les aplica el mismo criterio.
El ministro Sergio Valls fue quien elaboró la tesis y la suscribieron por unanimidad todos los otros integrantes de la Segunda Sala: Luis María Aguilar, Fernando Franco, Margarita Luna y el presidente de la Sala, Salvador Aguirre Anguiano alegando que de no hacerlo la viabilidad financiera del IMSS estaría en riesgo. El asunto ha generado molestia porque Valls fue en un pasado Subdirector Jurídico por lo que algunos opinan que entrada estaba a favor de una de las partes por lo que debió haberse excusado del asunto, esto es, se vulneró el principio de imparcialidad.
Según trascendió en La Jornada, que consiguió el documento de 51 páginas donde los Ministros de la Segunda Sala de la Corte fundamentan la jurisprudencia, el argumento central para el dictamen fue salvar financieramente al IMSS. Lo lamentable es que el objetivo de solvencia financiera esté por encima de los derechos de los trabajadores.
Desde que se aprobaron las modificaciones a la Ley del Seguro Social en 1997, cuando se estableció el sistema de cuentas individuales de retiro para los nuevos asegurados se había insistido en que si no se corregía el problema de los pasivos contingentes del IMSS, entre ellos la carga a futuro de las pensiones, éste estaría quebrado considerando escenarios de distintas proyecciones actuariales. Por lo que esta discusión parece un deja vu.
En el Informe de la situación financiera y los riesgos 2009-2010 donde se destaca la necesidad de cambios legales para elevar las contribuciones, es decir, elevar las cuotas de tres de sus sistemas de seguridad para aliviar la delicada situación financiera, lo cual requiere la aprobación del Congreso.
Algún analista se preguntaba si el IMSS se atrevería a recortar las pensiones, es decir a aplicar la Jurisprudencia a pesar de que habrá un fuerte descontento por la aplicación de la medida y que era un aspecto socialmente muy sensible. Mi impresión es que sí lo harán, máxime que el incremento de la cuotas muy difícilmente será aprobado por el Congreso, mientras que el recorte de las pensiones tiene todo el aval legal de la Suprema Corte.
Sin ser un experto en temas de seguridad social, en los que los actuarios pueden hablar con mayor conocimiento de causa que los economistas, adelanto la hipótesis de que gran parte de los problemas financieros del IMSS tiene que ver más con su incapacidad para que las autoridades laborales (STPS) frenen la práctica extendida del outsourcing, es decir, todo el proceso de subcontratación laboral que hay en México, en el que estas compañías le resuelven el problema a las empresas de los “costos de seguridad social” contratando a personas sin estos derechos y absorbiendo la relación laboral por ellos. Es decir, aunque es obligación legal de las empresas ofrecer seguro social, cada vez son más las que la evaden; aunque en el caso de las micro y pequeñas esto se debe a que no tienen capacidad económica para solventar la “prestación de ley”.
Es decir, en lugar de que el tamaño del pastel crezca en calidad y cantidad, el seguro social en México se ha ido reduciendo, no sólo en la calidad de los servicios sino en la garantía de una pensión digna. Ejemplos en la prensa sobran: compra de aparatos muy costosos, pero que por no contar con los recursos humanos y físicos (falta de materias primas, reactivos, etc.) para echarlos a andar terminan descomponiéndose ocasionado grandes pérdidas. Lo mismo que enormes y flamantes edificios nuevos pero sin médicos ni enfermeras, o con falta de materiales para atender a los derecho-habientes.
También es cierto que en muchas encuestas de atención al cliente, muchos de ellos responden que en general todo está muy bien. En gran parte esta respuesta condescendiente obedece en parte a dos causas: el temor a las represalias si se quejan, y al sentimiento de gratitud del mexicano, de señalar que “por lo menos tengo esto, que en caso contrario me costaría una fortuna en un hospital privado”.
Si bien es cierto como destaca Reforma (27 julio) que el déficit de recursos del IMSS repuntó el año pasado, porque la crisis propició una menor recaudación; en realidad el problema financiero del organismo ya era crítico y el desplome de la actividad económica lo hizo más evidente.
Por otra parte, se ha destacado el enorme crecimiento del déficit en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del Instituto, es decir, de sus propios trabajadores, por lo que en el mencionado informe se destaca que el IMSS pretende ejercer acciones para propiciar un entorno de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro, donde se puedan ponderar una baja del pasivo laboral, así como una mejora en el balance entre las condiciones laborales de los trabajadores y su productividad. Traducido en palabras más llanas en recortar las condiciones generales de trabajo.
En conclusión, el fallo de la Corte, el anuncio de ajuste internos dentro del IMSS (recortes, despidos modificaciones de las condiciones laborales, etc.) y el amago de alza de cuotas pueden ser el detonante de un fuerte descontento social. No nos extrañe entonces, que personajes como Andrés Manuel López Obrador, que el domingo pasado dio el banderazo de salida para su campaña hacia el 2012, aprovechen la oportunidad para revivir políticamente, ya que tienen por delante un excelente “caldo de cultivo” para canalizar el descontento que se ampliaría con una reforma fiscal “ahora sí de a de veras”. Con una estrategia similar a los “Amigos de Fox”, AMLO quisiera imponerle al PRD su candidatura ante una “avalancha” tan abrumadora como la suya.
