pabloail@yahoo.com.mx
El lunes de Semana Santa la calificadora Standard & Poor’s puso en perspectiva negativa la calificación de deuda soberana de Estados Unidos (EUA). Esta medida, si bien era previsible no dejo de causar cierta sorpresa en virtud de que se había establecido por convención que esta deuda siempre estaría libre de riesgo.
Desde hacía tiempo, diversos expertos en el tema había advertido sobre la necesidad de que Estados Unidos comenzara a corregir el déficit público creciente. Por ejemplo, en un estudio publicado por la OCDE en noviembre pasado se recomendaba una reforma fiscal para que se incrementaran los ingresos tributarios. Las proyecciones eran bastante preocupantes, a pesar de que suponía erróneamente que la enmienda de reducción de impuestos que comenzó en 2001 y concluiría en 2010, no sería prorrogada.
Previó al anuncio de S&P, Barack Obama había pronunciado un discurso donde acusaba a los representantes republicanos de bloquear la aprobación del presupuesto y hacia un exhorto a realizar una reforma fiscal urgente. La respuesta de sus opositores fue que más que buscar aumentar impuestos debería de dar reversa a la ley de salud por los impactos presupuestales desfavorables. Al parecer Obama ha decido “rasurar” el presupuesto para el sistema de salud y otros gastos sociales para enfrentar el creciente déficit fiscal.
Entre 1996 y 2001, EUA estaba una situación de superávit público, es decir, los ingresos eran superiores a los gastos. En el 2000, los ingresos se acercaban al 21% del PIB y los egresos al 18%. Esto se debía a que habiendo sido el ganador de la guerra fría, la potencia mundial podía comenzar a reducir su gasto militar y por otra parte la economía se encontraba en el ciclo expansivo de su historia registrando crecimientos elevados apoyados en la nueva economía que había estimulado la productividad.
Sin embargo, el desplome de los mercados bursátiles con el estallido de la burbuja especulativa provocada por la fiebre de las empresas punto.com, generó un enorme descalabro provocando un efecto “riqueza negativo” que metió a la economía norteamericana en una recesión económica que comenzó en marzo de 2001, por lo que el presidente George Bush conseguiría el apoyo del Congreso para que decretara una reducción generalizada de impuestos que beneficiaba preferentemente de más altos ingresos para amortiguar dicho efecto. Posteriormente, el ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre dañaría severamente la confianza y volvería a disparar el gasto militar de manera vertiginosa. La Reserva Federal (Fed) se sumaría a la tarea de reactivar la economía reduciendo de manera agresiva las tasas de interés.
Una gráfica histórica de los ingresos y gastos como porcentaje del PIB de EUA desde 1971 hasta las proyecciones del 2011, nos muestra como los gastos se disparan en 2008 como consecuencia del rescate financiero y como se dispara a un más en 2009 con el programa de estímulo al punto que los gastos representaban 25% del PIB y los ingresos 15%. De esta forma el déficit fue de $1.4 billones en 2009, el mayor desde 1945, y de $1.3 billones en 2010, representando respectivamente 10.0% y 8.9% del PIB.
En abril pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) difundió un Análisis de la Propuesta Presupuestaria del Presidente para el año fiscal 2012. En este documento la CBO señala que la propuesta del Presidente si fuese aprobada implicaría un déficit mayor al del escenario base que ya tenía contemplado. En 2011 el déficit representaría 9.5% del PIB y 7.4% en 2012. Si bien se reduciría hasta 4.1% del PIB, volvería a subir hasta 4.9% del PIB en 2021. Las proyecciones del CBO son más conservadoras que las del Presidente.
Si bien la CBO reconoce que entre 2012 y 2016 la propuesta del mandatario estimularía el PIB en el corto plazo por un incremento del ingreso disponible ocasionado por las reducciones de impuestos; posteriormente, ésta reduciría el producto, porque los efectos crecientes de la deuda gubernamental más que compensaría los efectos estimulantes de menores tasas marginales de impuestos. De esta forma el CBO estima que la propuesta del Presidente reduciría el PIB real en relación a su escenario base entre 0.1 y 1.7 en el periodo de 2017 y de 0.7 y 3.8% en el largo plazo.
Cabe hacer hincapié que la CBO ha reiterado que el enorme incremento de la deuda, más el alza en las tasas de interés derivado de la recuperación de la fortaleza de la economía, el pago de intereses de la deuda se disparara al cielo en la próxima década. También han insistido en que el envejecimiento de la población y los crecientes costos de los servicios de salud empujaran los gastos como porcentaje del PIB. La seguridad social se incrementara de alrededor del 10% del PIB en 2011 a por arriba del 16% los próximos 25 años.
Es decir, pareciera que la CBO apoya de manera implícita la posición de los republicanos, a pesar de que ha hecho alusiones de que no está de acuerdo con la continuación de los recortes de impuestos. No hay una reflexión sobre la seguridad social es un gasto necesario para mantener el bienestar de la población y se olvida que la política fiscal podría ayudar a mejorar la distribución del ingreso y mejorar la justicia social en un país amenazado por la descomposición social. En lugar de ello, Obama motivado por la mayor popularidad por la eliminación de Ben Laden, estaría tentado a incrementar el gasto militar, reducir el gasto social y recortar los impuestos, aunque ello deje a EUA en una crisis fiscal en el mediano plazo.
¿Reducirá S&P la calificación de EUA? No lo creo, porque está interpretara que la reducción del presupuesto del Medicare y Medicaid y el Seguro de Salud de los Niños es lo correcto, a pesar de que eso no reduzca realmente el déficit público? ¿Qué quiero decir con esto? Que la discusión de las finanzas públicas en EUA y en los organismos internacionales está ideologizada porque ubican el problema en los gastos sociales y no en los enormes costos del rescate financiero y en la política fiscal tan regresiva que hay en EUA. Pero esto no debiera de extrañarnos porque también sucede en México.
jueves, 5 de mayo de 2011
Mayo 5, 2011: El déficit público de Estados Unidos y la advertencia de Standard & Poor’s
domingo, 10 de abril de 2011
Abril 10, 2011: Del desarrollo estabilizador a la estabilización sin desarrollo en México (quinta parte)
Correo: pabloail@yahoo.com.mx
El segundo semestre de 2006 fue verdaderamente conflictivo política y socialmente en México, al punto de estar amenazada la gobernabilidad del país. Unas elecciones presidenciales muy cerradas y la negativa de las autoridades electorales a realizar un recuento de votos por no haber la obligatoriedad legal, pero sobre todo, la falta de voluntad política, exacerbó los ánimos. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bloquearon el Paseo de la Reforma dos meses y medio, quienes ante la negativa de aceptar el fallo del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían decidido radicalizar la resistencia civil.
En Oaxaca, la decisión del gobernador Ulises Ruiz de acabar con las protestas de los maestros en junio mediante el uso de la fuerza pública, provocó un amplio movimiento popular que buscaba su renuncia. En el resto del país, los diversos grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada aprovechaban la coyuntura de un gobierno federal debilitado y concentrado en resolver la problemática de la transición sexenal para consolidar su poder en amplias regiones como un efectivo poder paralelo.
La necesidad de legitimarse y de consolidarse en el poder, obligó al entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa a negociar el respaldo del PRI, que estaba dispuesto a otorgarle su reconocimiento a cambio de cogobernar desde el poder legislativo y las gubernaturas estatales y que el PAN rechazara los juicios políticos en contra de los gobernadores de Puebla y Oaxaca. Se repetía la historia del sexenio salinista, pero con intercambio de roles entre el PAN y el PRI, luego de una crisis postelectoral. De nueva cuenta el país quedaba en medio del encono y la falta de consensos para construir un proyecto nacional.
El 1 de diciembre de 2006 ocurría un hecho inédito en la historia. A las 0:00 hrs. el presidente Calderón flanqueado por los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina anunciaba que asumía el cargo desde ese momento. El hecho resultaría emblemático para el resto del sexenio, puesto que gobernaría y ejercería su autoridad con el respaldo de las fuerzas armadas de manera activa, rompiéndose la regla establecida desde mediados del siglo XX, de que los militares no intervendrían en asuntos políticos. El mensaje disuasivo a AMLO era muy claro y contundente, quien tuvo que exhortar a sus seguidores a que mantuvieran la calma y se replegaran.
El gabinete se conformó con la lógica del pago de compromisos y del premio al círculo cercano conformado por una tecnocracia de doctorados en el extranjero, que con gran prepotencia e inexperiencia estaban deseosos de ejercer el mando generando situaciones de conflicto, que llevaron a las renuncias de varios secretarios pasado el año. Sólo habría lugar para el primer círculo del Presidente y los incondicionales; ante la disyuntiva de capacidad o lealtad, ésta prevalecería.
Sin embargo, económicamente las cosas no iban tan mal. El PIB creció 5.1%, la inflación repuntaba, pero cerraba el año en 4.05%, la economía de Estados Unidos ayudaba a un favorable desempeño de las exportaciones. Los organismos internacionales otorgaban el beneplácito al nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que había sido adelantado para tranquilizarlos. En ese tiempo se comentaba que los extranjeros veían con más optimismo el futuro del país que los mexicanos.
En la segunda semana de diciembre de 2006, se lanza un operativo masivo del ejército en Michoacán y otro un mes después en ciudad Juárez. El llegar a poner orden fue recompensado en ese momento en alza en los niveles de aprobación del Presidente. Sin embargo, aunque la estrategia era redituable en el corto plazo, exhibiría sus limitaciones, porque los traslados no podían ser permanentes y las plazas eran recuperadas por los grupos de la delincuencia organizada, que contraatacaba en otros puntos del país, ampliando la zona de conflicto. En un principio, el gobierno federal festinaba el efecto “cucaracha” como una muestra de la efectividad. Asumía el hecho de que habría “daños colaterales”; sin embargo, estos fueron creciendo más allá de lo que se había previsto. A finales de marzo de 2011, los especialistas del sector privado encuestados por Banco de México consideraban a la inseguridad pública como el factor que más podría limitar el crecimiento en los siguientes seis meses.
En 2007, Calderón impulsaba activamente las relaciones internacionales. Fundamentalmente, trataba de fortalecer la inversión extranjera y el comercio vendiendo la idea de que su gobierno no era como el resto de la izquierda latinoamericana, donde no había garantías para la inversión foránea. Anticipaba la promesa de que lograría sacar adelante varias reformas estructurales que estaban detenidas, que acabaría con el poder de los oligopolios (Telmex y Telcel), que permitiría la privatización en sectores reservados para el estado y que flexibilizaría las relaciones laborales, modificando la ley federal del trabajo, entre otras cuestiones.
La realidad interna era muy distinta. El PRI sólo permitiría pasar algunas reformas y con modificaciones a la propuesta inicial. Se pasó una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del estado, que obligaba a los nuevos empleados a crear cuentas individuales para el retiro y al resto les daba la opción de que continuaran con el sistema solidario anterior. La enorme mayoría optó por el viejo sistema.
Se impulsó una reforma fiscal integral. Se aprobó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) a personas físicas y morales mediante el cual el gobierno acentuaba el control sobre los contribuyentes y obligaba a que se hiciesen declaraciones mensuales. Sin embargo, la reforma no canceló los regímenes especiales ni la exención del IVA en medicinas y alimentos, así como la tasa cero en algunos tipos de bienes, por lo que, la evasión y elusión continuó, pero haciendo más gravosa la carga fiscal con los contribuyentes cautivos. Hubo otras medidas complementarias como grabar los depósitos en efectivo en los bancos con un 2%.
Sin embargo, el efecto no deseado de esta reforma fue alentar la informalidad y que una parte significativa de las transacciones se haga al margen del sistema bancario para evitar las penalizaciones. Por otra parte, se redujo el apoyo público a ulteriores reformas.
Por el lado del gasto, se implementó el presupuesto basada en resultados, estableciendo el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para los programas presupuestarios (PP). Los programas sociales serían evaluados por el Coneval y el resto por la Secretaria de Hacienda. No cabe duda que “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”, puesto que no se han eliminado las simulaciones o se implementan incentivos perversos para reducir los PP en los que se otorgan subsidios a la población. En el primer caso está el Fondo PYME, cuyos recursos son distribuidos a través de organismos intermedios, pero sin controles, coordinación, ni indicadores como lo estableció recientemente la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2009 divulgada recientemente. En el otro caso, se imponen severas reglas de operación que impide el otorgamiento de los recursos a la población objetivo y después se les castiga por ineficientes. La OCDE también ha alertado sobre el potencial conflicto de intereses entre los evaluadores externos y las dependencias evaluadas o que encargan los dictámenes. En sentido contrario, están los PP, donde el gasto ejercido sobrepasa con mucho el asignado, ya sea porque se ven beneficiados por otros ingresos fiscales no contemplados en el presupuesto original o por criterios discrecionales.
A principios de 2008, la crisis hipotecaria de las subprime amenazaba con convertirse en una crisis financiera mundial. La recesión en Estados Unidos había comenzado en diciembre de 2007. Sin embargo, el optimismo gubernamental -“el catarrito” de Cartens o de algunos comentaristas “oficiales” que se empeñaban en no reconocer que la desaceleración amenazaba con convertirse en recesión- negaba el gran peligro que se avecinaba sobre la economía mexicana.
En marzo de 2006, se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecía la obligatoriedad de un presupuesto balanceado, lo que acentuaría el carácter procíclico del gasto público. Cuando la crisis económica mundial estalló en septiembre de 2008, tuvo que ser modificada para permitir déficit en situaciones especiales, como era el caso.
En octubre de 2008, se aprobaba una reforma energética. Calderón se congratulaba del éxito, cuando en realidad era muy distinta a su propuesta original, y más acorde al PRI y al PRD. La petroquímica secundaria seguiría siendo una actividad exclusiva del estado. En 2009, se decidió que una nueva refinería se construiría en Tula, Hgo. Sin embargo, a dos años de distancia el Gobierno Federal ha venido implementando tácticas dilatorias para no iniciar su construcción y ha manifestado en diversos foros su intención de promover otra reforma.
En las elecciones de diputados federales del 2009, el PRI pasa a ser la primera fuerza en la Cámara baja con 237 escaños con un elevado voto de castigo por la situación económica y aprovechando el efecto no deseado de la campaña del voto en blanco que le ayudó a ganar de manera muy cerrada algunos distritos que tradicionalmente eran bastiones del PAN y del PRD, que con los de su aliado Verde, le permite tener mayoría. La renuncia de Germán Martínez y su sustitución por César Nava en la dirección del PAN reflejaba elocuentemente el fracaso político. El PRI aprobaba el alza del IVA de 15 a 16% y en otros impuestos a cambio del que PAN no se aliara con el PRD.
En el 2010, todo pintaba para un “carro completo” en las elecciones estatales. Sin embargo, la alianza entre el PRD y el PAN combinada con la imposición de candidatos del PRI por los gobernadores provocó la derrota en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Mientras tanto, el país festejaba el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en una ambiente social empañado por la ola de violencia y terror en muchas regiones. El gobierno le echaba la culpa a los medios de la mala percepción sobre la inseguridad, cuando el pobre desempeño del turismo, la queja de los gobiernos extranjeros y organismos empresariales, y el abandono de poblados dicen lo contrario.
lunes, 14 de febrero de 2011
Febrero 14, 2011:Del desarrollo estabilizador a la estabilización sin desarrollo en México (cuarta parte)
Correo: pabloail@yahoo.com.mx
La tasa media anual de crecimiento (TMAC) del Producto Interno Bruto (PIB) de México entre el año 2000 y el 2010 fue de 1.6%, ya considerando un crecimiento de 5.4% en el año pasado, un poco por arriba de nuestra previsión en agosto (5.2%), que no había considerado la revisión de -6.5% de 2009 a -6.1% anunciada en noviembre pasado. La inflación medida por los precios al consumidor de fin de periodo, fue de 8.96% en el 2000 y de 4.40% en el 2010, habiendo sido el peor año de la década el 2008 con un porcentaje de 6.53%. Si la consideramos como inflación promedio, las cifras son 9.51% en 2000, 5.12% en 2008 y 4.16% en el 2010. Por su parte, la población en México pasó de 97,483,412 en el 2000 a 112,322,757 en 2010, esto es, la TMAC fue de 1.4%.
Esos son los datos de duros, que resumen lo que ha pasado en estos diez años del siglo XXI. La inflación se ha mantenido bajo control a pesar de algunos episodios de volatilidad, pero el año que se acercó más a la meta planteada como objetivo en 2005, fue más bien resultado de un congelamiento de tarifas de bienes y servicios públicos que el gobierno de entonces decretó con claros propósitos electorales por las elecciones presidenciales del año siguiente. El desempeño económico ha sido francamente pobre con un magro crecimiento que apenas supera el de la población.
Cuando Vicente Fox Quesada estaba en campaña, prometió un crecimiento del 7 por ciento como forma de promoción del voto. Ese porcentaje llegó a superarse durante el primer trimestre del 2000 (base de 1993) con un 7.4% (6.8% con la base 2003). Ese elevado crecimiento no haría al PRI ganar la elección ese año; pero tampoco ocurriría un crecimiento de esa magnitud con ninguna de las dos bases durante su sexenio en ningún trimestre
Cuando Fox gana las elecciones convoca a una serie de expertos para realizar una serie de reformas económicas y a revisar algunas estrategias de endeudamiento que representaban una bomba de tiempo por los famosos PIDIREGAS, es decir, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto creados durante el gobierno de Zedillo y que tenía la finalidad de financiar proyectos de infraestructura a largo plazo. En ese entonces, le sugerían eliminarlos porque resultaban muy costosos y desventajosos para erario, ya que les daban a los inversionistas privados la posibilidad de inflar los costos y transferírselos a los contribuyentes. Adicionalmente, si el diseño o el proyecto fracasaba, era el Gobierno el que asumiría las pérdidas, por lo que esta forma de inversión indirecta ante la falta de recursos terminaban siendo inconveniente. Sin embargo, como muchas recomendaciones, estas fueron desechadas.
Los intereses creados, las inercias y el fracaso del voluntarismo terminaron por imponerse. Fox propuso un gobierno por empresarios, porque partía de la premisa de que el sector privado es eficaz y eficiente y el público no, por lo que habría que llevar lo lógica de la administración empresarial al gobierno para mejorar resultados.
Fox no logró que su asesor estrella, Ernesto Derbez recibiera el visto bueno del FMI y del sector financiero para que fuera su Secretario de Hacienda. En su lugar, llegaría Francisco Gil Díaz que había renunciado a ser vicegobernador del Banco de México en 1998. Como Director General de Avantel, su jefe, Roberto Hernández, uno de los dueños de Banamex-Accival, lo recomiendo para el cargo.
Gil Díaz invitó a trabajar al grupo de economistas que eran parte de su equipo en Banxico como Agustín Carstens futuro Secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Como era de filiación priista, los analistas financieros estaba muy entusiasmados con que lograría que los legisladores del PRI apoyaran las propuestas de reformas estructurales propuestas por Fox. En marzo del 2001, presenta una reforma hacendaria integral. Entre las propuestas más destacadas estaba un IVA del 15% a todos los bienes y servicios.
La SHCP mediante una campaña de comunicación trata de convencer a la opinión pública de con estos impuestos van a beneficiar más a los más pobres, porque va haber más gasto para los más necesitados. Cuando los economistas hacen ver esa falacia, porque la población de más bajos ingresos concentra su gasto en alimentos y medicinas con tasa cero o exentos; Fox responde que a los más pobres se les va a regresar “copeteado” con subsidios lo que pierdan. Los priistas sugieren baja la tasa al 12% y Gil les responde todo o nada. El resultado fue nada porque el costo político era tan elevado que ni el PAN quiso lidereado en la Cámara de Diputados por Felipe Calderón esta dispuesto a respaldar la propuesta.
En el ámbito financiero, el fracaso de la reforma fiscal fue compensado por el anuncio a principios de mayo del 2001, de que Banamex sería vendido a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares en una operación bursátil que fue ejecutada en agosto de ese año. La operación generó protestas porque pondría el sistema de paso bajo propiedad extranjera, luego de que los otros dos grandes bancos: Bancomer y Serfin serína comprados en operaciones similares por los españoles Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA) y Santander, además de que no hubo ningún beneficio para el fisco de las operaciones.
Las promesas de llamar a cuentas los casos graves de corrupción de la época del PRI, fueron dejados de lado, porque para la aprobación de cambios legales se requería el apoyo de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde su apoyo resultaba imprescindible. Luego del fracaso de la reforma fiscal en 2001, se aprobaron la llamada mini-reforma que estaba muy lejos de resolver los problemas crónicos de evasión y elusión que generaban un esquema fiscal con exenciones, tasa cero y regímenes especiales para algunos sectores económicos. A principios de febrero del 2002, el Gobierno decidió reducir drásticamente los subsidios a la electricidad, lo que ocasionó un alza de precios de tal magnitud que ocasionó un desplome de la popularidad de Fox.
La economía mexicana seguía el ciclo de la economía norteamericana, que luego del atentado terrorista del 11/09 iniciaba un proceso de recuperación muy lento. En México, la política fiscal y monetaria era bastante restrictiva, el tipo de cambio se había apreciado y las exportaciones mexicanas comenzaban a perder mercado en Estados Unidos, ya no solo frente a China, sino con otros países que iban logrando acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, por lo que la ventaja del TLCAN se iba diluyendo. El PIB de México bajaría 1.0% en 2001 y crecería 0.1% en 2002.
El descontento por el mal desempeño de la economía y la desilusión y desengaño que generó el gobierno de Fox por expectativas irreales de cambio que se generaron en la población ocasionaron un grave fracaso en las elecciones de diputados federales del 2003, frente al PRI que había basado su campaña en la promesa de no al IVA a medicinas y alimentos.
La llegada de Elba Esther Gordillo como líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados abrió una nueva esperanza para que un nuevo intento de reforma fiscal pudiera resultar exitoso. La Maestra contaba en principio con el apoyo del Presidente Roberto Madrazo y de un grupo de diputados que estaban convencidos de la necesidad de la reforma, entre ellos algunos secretarios y subsecretarios que la habían promovido en la etapa final de Zedillo.
Fox confió en su poderosa aliada y pensó que contaba con el número de votos para pasar una propuesta menos agresiva que la de 2001, que consistía en sólo un IVA disfrazado del 6% a medicinas y alimentos. Sin embargo, desestimó para el PRI dicha reforma implicaba un elevado costo político considerando su reciente promesa de campaña. El grupo opuesto a los tecnócratas se le revelan a Gordillo con el apoyo de Madrazo, que preocupado observaba como su Secretaria General lo estaba desplazando del poder. Gordillo no solo perdió la votación sino que fue obligada a renunciar a la Coordinación de la fracción y al PRI seguida de un grupo importante que se incorporarían al PAN o formaría parte de su propio partido Nueva Alianza (Panal), que resultaría estratégico para que Felipe Calderón ganara la elecciones en 2006.
En 2003, el PIB apenas creció 1.3% y la inflación cerraba por primera vez desde los sesenta por abajo del 4% (3.98%). Por otra parte, el Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador comenzaba a perfilarse como un candidato de la izquierda que resultaba una grave amenaza por la forma en que iba creciendo en las preferencias electorales. Para intentar frenarlo se promovió un proceso de desafuero en 2004 que se extendió hasta el año siguiente con resultados contraproducentes para el régimen, porque generaron tal nivel de protesta que obligaron al régimen foxista a recular en su estrategia.
La recuperación de la economía mundial impulsó al alza los precios del petróleo, lo que le permitió al gobierno de Fox contar con una gran cantidad de ingresos extraordinarios, que modificaron radicalmente la política de austeridad implementa al inicio de su gobierno. Con una recuperación de la economía internacional y una política de gasto más expansiva, México crecía 4.1% en 2004, pero la inflación repuntaba a 5.19%, ante lo cual Banxico aplicaría una política monetaria más restrictiva, también como respuesta a incrementos de precios de bienes y servicios públicos decididos por Hacienda. Eran los tiempos en los que Guillermo Ortiz se queja de cómo Gil Díaz sabotea su trabajo para reducir la inflación con dichas alzas, por lo que no lograba llegar a la meta de inflación sistemáticamente.
En 2005, se aplicó una política fiscal expansiva, combinada con una monetaria restrictiva, que estuvo apoyada por congelamiento de precios y tarifas de bienes y servicios públicos que continuaron en 2006. El resultado fue un crecimiento del PIB del 3.2%, inflación de fin de año de 3.33%, aunque la tasa anual fue de 2.91% en noviembre.
La política económica en 2006 se vuelve completamente electoral. La estrategia gubernamental era que la economía funcionara lo mejor posible y sin inflación para que el candidato del PAN ganara las elecciones: el PIB logró el mejor crecimiento del sexenio (5.2%) la inflación llegaba al objetivo del 3.0% en mayo de ese año. Después de las elecciones se liberaron los precios de bienes y servicios público terminando el año en 4.05%.
La tasa media anual de crecimiento (TMAC) del Producto Interno Bruto (PIB) de México entre el año 2000 y el 2010 fue de 1.6%, ya considerando un crecimiento de 5.4% en el año pasado, un poco por arriba de nuestra previsión en agosto (5.2%), que no había considerado la revisión de -6.5% de 2009 a -6.1% anunciada en noviembre pasado. La inflación medida por los precios al consumidor de fin de periodo, fue de 8.96% en el 2000 y de 4.40% en el 2010, habiendo sido el peor año de la década el 2008 con un porcentaje de 6.53%. Si la consideramos como inflación promedio, las cifras son 9.51% en 2000, 5.12% en 2008 y 4.16% en el 2010. Por su parte, la población en México pasó de 97,483,412 en el 2000 a 112,322,757 en 2010, esto es, la TMAC fue de 1.4%.
Esos son los datos de duros, que resumen lo que ha pasado en estos diez años del siglo XXI. La inflación se ha mantenido bajo control a pesar de algunos episodios de volatilidad, pero el año que se acercó más a la meta planteada como objetivo en 2005, fue más bien resultado de un congelamiento de tarifas de bienes y servicios públicos que el gobierno de entonces decretó con claros propósitos electorales por las elecciones presidenciales del año siguiente. El desempeño económico ha sido francamente pobre con un magro crecimiento que apenas supera el de la población.
Cuando Vicente Fox Quesada estaba en campaña, prometió un crecimiento del 7 por ciento como forma de promoción del voto. Ese porcentaje llegó a superarse durante el primer trimestre del 2000 (base de 1993) con un 7.4% (6.8% con la base 2003). Ese elevado crecimiento no haría al PRI ganar la elección ese año; pero tampoco ocurriría un crecimiento de esa magnitud con ninguna de las dos bases durante su sexenio en ningún trimestre
Cuando Fox gana las elecciones convoca a una serie de expertos para realizar una serie de reformas económicas y a revisar algunas estrategias de endeudamiento que representaban una bomba de tiempo por los famosos PIDIREGAS, es decir, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto creados durante el gobierno de Zedillo y que tenía la finalidad de financiar proyectos de infraestructura a largo plazo. En ese entonces, le sugerían eliminarlos porque resultaban muy costosos y desventajosos para erario, ya que les daban a los inversionistas privados la posibilidad de inflar los costos y transferírselos a los contribuyentes. Adicionalmente, si el diseño o el proyecto fracasaba, era el Gobierno el que asumiría las pérdidas, por lo que esta forma de inversión indirecta ante la falta de recursos terminaban siendo inconveniente. Sin embargo, como muchas recomendaciones, estas fueron desechadas.
Los intereses creados, las inercias y el fracaso del voluntarismo terminaron por imponerse. Fox propuso un gobierno por empresarios, porque partía de la premisa de que el sector privado es eficaz y eficiente y el público no, por lo que habría que llevar lo lógica de la administración empresarial al gobierno para mejorar resultados.
Fox no logró que su asesor estrella, Ernesto Derbez recibiera el visto bueno del FMI y del sector financiero para que fuera su Secretario de Hacienda. En su lugar, llegaría Francisco Gil Díaz que había renunciado a ser vicegobernador del Banco de México en 1998. Como Director General de Avantel, su jefe, Roberto Hernández, uno de los dueños de Banamex-Accival, lo recomiendo para el cargo.
Gil Díaz invitó a trabajar al grupo de economistas que eran parte de su equipo en Banxico como Agustín Carstens futuro Secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Como era de filiación priista, los analistas financieros estaba muy entusiasmados con que lograría que los legisladores del PRI apoyaran las propuestas de reformas estructurales propuestas por Fox. En marzo del 2001, presenta una reforma hacendaria integral. Entre las propuestas más destacadas estaba un IVA del 15% a todos los bienes y servicios.
La SHCP mediante una campaña de comunicación trata de convencer a la opinión pública de con estos impuestos van a beneficiar más a los más pobres, porque va haber más gasto para los más necesitados. Cuando los economistas hacen ver esa falacia, porque la población de más bajos ingresos concentra su gasto en alimentos y medicinas con tasa cero o exentos; Fox responde que a los más pobres se les va a regresar “copeteado” con subsidios lo que pierdan. Los priistas sugieren baja la tasa al 12% y Gil les responde todo o nada. El resultado fue nada porque el costo político era tan elevado que ni el PAN quiso lidereado en la Cámara de Diputados por Felipe Calderón esta dispuesto a respaldar la propuesta.
En el ámbito financiero, el fracaso de la reforma fiscal fue compensado por el anuncio a principios de mayo del 2001, de que Banamex sería vendido a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares en una operación bursátil que fue ejecutada en agosto de ese año. La operación generó protestas porque pondría el sistema de paso bajo propiedad extranjera, luego de que los otros dos grandes bancos: Bancomer y Serfin serína comprados en operaciones similares por los españoles Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA) y Santander, además de que no hubo ningún beneficio para el fisco de las operaciones.
Las promesas de llamar a cuentas los casos graves de corrupción de la época del PRI, fueron dejados de lado, porque para la aprobación de cambios legales se requería el apoyo de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde su apoyo resultaba imprescindible. Luego del fracaso de la reforma fiscal en 2001, se aprobaron la llamada mini-reforma que estaba muy lejos de resolver los problemas crónicos de evasión y elusión que generaban un esquema fiscal con exenciones, tasa cero y regímenes especiales para algunos sectores económicos. A principios de febrero del 2002, el Gobierno decidió reducir drásticamente los subsidios a la electricidad, lo que ocasionó un alza de precios de tal magnitud que ocasionó un desplome de la popularidad de Fox.
La economía mexicana seguía el ciclo de la economía norteamericana, que luego del atentado terrorista del 11/09 iniciaba un proceso de recuperación muy lento. En México, la política fiscal y monetaria era bastante restrictiva, el tipo de cambio se había apreciado y las exportaciones mexicanas comenzaban a perder mercado en Estados Unidos, ya no solo frente a China, sino con otros países que iban logrando acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, por lo que la ventaja del TLCAN se iba diluyendo. El PIB de México bajaría 1.0% en 2001 y crecería 0.1% en 2002.
El descontento por el mal desempeño de la economía y la desilusión y desengaño que generó el gobierno de Fox por expectativas irreales de cambio que se generaron en la población ocasionaron un grave fracaso en las elecciones de diputados federales del 2003, frente al PRI que había basado su campaña en la promesa de no al IVA a medicinas y alimentos.
La llegada de Elba Esther Gordillo como líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados abrió una nueva esperanza para que un nuevo intento de reforma fiscal pudiera resultar exitoso. La Maestra contaba en principio con el apoyo del Presidente Roberto Madrazo y de un grupo de diputados que estaban convencidos de la necesidad de la reforma, entre ellos algunos secretarios y subsecretarios que la habían promovido en la etapa final de Zedillo.
Fox confió en su poderosa aliada y pensó que contaba con el número de votos para pasar una propuesta menos agresiva que la de 2001, que consistía en sólo un IVA disfrazado del 6% a medicinas y alimentos. Sin embargo, desestimó para el PRI dicha reforma implicaba un elevado costo político considerando su reciente promesa de campaña. El grupo opuesto a los tecnócratas se le revelan a Gordillo con el apoyo de Madrazo, que preocupado observaba como su Secretaria General lo estaba desplazando del poder. Gordillo no solo perdió la votación sino que fue obligada a renunciar a la Coordinación de la fracción y al PRI seguida de un grupo importante que se incorporarían al PAN o formaría parte de su propio partido Nueva Alianza (Panal), que resultaría estratégico para que Felipe Calderón ganara la elecciones en 2006.
En 2003, el PIB apenas creció 1.3% y la inflación cerraba por primera vez desde los sesenta por abajo del 4% (3.98%). Por otra parte, el Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador comenzaba a perfilarse como un candidato de la izquierda que resultaba una grave amenaza por la forma en que iba creciendo en las preferencias electorales. Para intentar frenarlo se promovió un proceso de desafuero en 2004 que se extendió hasta el año siguiente con resultados contraproducentes para el régimen, porque generaron tal nivel de protesta que obligaron al régimen foxista a recular en su estrategia.
La recuperación de la economía mundial impulsó al alza los precios del petróleo, lo que le permitió al gobierno de Fox contar con una gran cantidad de ingresos extraordinarios, que modificaron radicalmente la política de austeridad implementa al inicio de su gobierno. Con una recuperación de la economía internacional y una política de gasto más expansiva, México crecía 4.1% en 2004, pero la inflación repuntaba a 5.19%, ante lo cual Banxico aplicaría una política monetaria más restrictiva, también como respuesta a incrementos de precios de bienes y servicios públicos decididos por Hacienda. Eran los tiempos en los que Guillermo Ortiz se queja de cómo Gil Díaz sabotea su trabajo para reducir la inflación con dichas alzas, por lo que no lograba llegar a la meta de inflación sistemáticamente.
En 2005, se aplicó una política fiscal expansiva, combinada con una monetaria restrictiva, que estuvo apoyada por congelamiento de precios y tarifas de bienes y servicios públicos que continuaron en 2006. El resultado fue un crecimiento del PIB del 3.2%, inflación de fin de año de 3.33%, aunque la tasa anual fue de 2.91% en noviembre.
La política económica en 2006 se vuelve completamente electoral. La estrategia gubernamental era que la economía funcionara lo mejor posible y sin inflación para que el candidato del PAN ganara las elecciones: el PIB logró el mejor crecimiento del sexenio (5.2%) la inflación llegaba al objetivo del 3.0% en mayo de ese año. Después de las elecciones se liberaron los precios de bienes y servicios público terminando el año en 4.05%.
lunes, 7 de febrero de 2011
Febrero 7, 2011:Del desarrollo estabilizador a la estabilización sin desarrollo en México (tercera parte)
Correo: pabloail@yahoo.com.mx
Carlos Salinas de Gortari está obsesionado con no pasar a la historia como causante de la crisis de finales del 94. Ha escrito tres libros tamaño “ladrillo” para decirle a todo el mundo su verdad sin muchos resultados. Ernesto Zedillo, al ser entrevistado al poco tiempo de asumir el cargo para el que no estaba programado, trataba de justificarse del desastre alegando “que me dejaron el país prendido con alfileres” a lo que su antecesor le respondía: “para que se los quitaste”.
Salinas en realidad delegó la conducción de la política económica en su poderoso y arrogante Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, quien se volvió famoso por sus increíbles y orondas frases: “En México, el desempleo es un “mito genial” presumiendo que las bajas tasas de desocupación nos situaban entre los mejores naciones del mundo; o que el “déficit de cuenta corriente siga creciendo es muy bueno para la economía, porque por definición es igual al ahorro externo y esto permite que tengamos más recursos para invertir”.
Sin embargo, lo relevante era lo que no se decía y sobre todo lo que se ocultaba: que no existía seguro de desempleo y que las condiciones de ocupación eran muy desfavorables, no sólo por las bajo remuneraciones, sino por la ausencia de prestaciones. En 1994, el déficit de cuenta corriente representaba el 7% del PIB y ya no era financiable. El vencimiento de las obligaciones se había acrecentado de tal forma, que ya no sería posible cumplir los plazos de los pagos de la deuda externa conocida y encubierta por estar indexada a la paridad cambiaria.
Tampoco era cierto que no hubiese voces que advirtieran sobre los peligros de un tipo de cambio tan sobrevaluado que estaba alentando las importaciones y perjudicando las exportaciones desde hacia buen rato. El haber abusado del tipo de cambio fijo o predeterminado (porque el deslizamiento era conocido de antemano e insuficiente) como ancla inflacionaria generó un enorme y creciente desequilibrio externo. Rudiger Dornbusch, profesor de Aspe en el Instituto Tecnológico de Massachusetts incluso fue invitado a abandonar el país cuando en alguna de sus presentaciones cuestionó la política cambiaria.
Finalmente, cuando se amplía la banda ese 20 de diciembre de 1994, los pocos empresarios que pudieron comprar a 4 pesos por dólar, más adelante fueron los beneficiados de un tipo de cambio que se iría a 7 en un fenómeno conocido muy bien por Dornbusch como el “overshooting” el efecto sobrepasamiento posterior al tránsito de una política cambiaria fija por otra flotante o variable.
En descargo del gobierno, las calificadoras de riesgo tampoco advirtieron el peligro. Incluso, una de las grandes hizo el ridículo al subirle la calificación al país poco antes del colapso cambiario lo que incluso provocó un cambio radical en la forma de evaluar a los países. La “opinión de grupo” generada por los tecnócratas del Banco de México y de Hacienda era tan avasalladora, que quien opinara diferente era desacreditado o descalificado con expresiones como “son comentarios de seudoeconomistas”. Hoy en día las cosas no son muy diferentes, recuérdese los juicios de algunos de los funcionarios del gobierno calderonista en contra de Paul Krugman en 2010 calificándolo como ignorante y desconocedor de la realidad mexicana.
A los 28 días de haber asumido el cargo de Secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche renunció sustituyéndolo Guillermo Ortiz Martínez, quien tres años después sería premiado con la gubernatura del Banco de México. En enero de 95, anunció un plan de ajuste que no funcionó y que proponía austeridad fiscal. En febrero, el FMI otorgaba un crédito condicionado a una serie de políticas económicas y Clinton prometía un apoyo económico con su peculiar estilo: les prestamos porque no nos conviene que nuestro vecino se vaya al caos y además va a ser buen negocio por el pago de intereses que va a generarnos. Esto es, “ellos lo necesitan y a nosotros nos beneficia”. No fue fácil y Clinton tuvo que vetar la prohibición de los Republicanos que alegaban que no estaban dispuestos a que los impuestos de sus ciudadanos se usen en ayudar a un país corrupto y despilfarrador como el del Sur.
Las condiciones del FMI se fueron conociendo por la vía de los hechos: alza del IVA del 10 al 15%, lo que el PRI pudo lograr porque tenía mayoría en ambas Cámaras (la famosa “Roque señal”), privatización de áreas exclusivas del estado o restringidas a la inversión extranjera como bancos, ferrocarriles, suministro doméstico de gas, aeropuertos, puertos marítimos; depósito de la factura petrolera en Nueva York como garantía del préstamo por 17 mil 500 millones de dólares, elevación de precios y tarifas de bienes y servicios públicos. Las medidas generaron más inflación y el banco central restringió la liquidez de tal forma que las tasas de interés se dispararon, lo que ocasionó que la cartera vencida se disparara amenazando con llevar a la quiebra a los bancos privados.
El gobierno de Zedillo decidió rescatar a los bancos mediante un fideicomiso a cargo del Banco de México prácticamente desconocido antes de la crisis, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mediante el cual se intervino bancos insolventes e intercambió cartera vencida por títulos de deuda, en una transacción por medio de la cual se socializaban las pérdidas privadas. Si bien es de reconocer que el Fobaproa evitó la quiebra del sistema de pagos, el costo fiscal fue muy elevado, ya que las autoridades monetarias actuaron discrecionalmente. Favorecieron en la operación a muchos inversionistas ya sea mediante condonaciones de deuda o utilizando los bancos intervenidos para otorgarles a sus allegados créditos sin garantías.
El inconveniente más significativo del Fobaproa era que todo el programa de salvamento era ilegal, porque la nueva deuda pública no tenía respaldo, ya que no había sido autorizada por el Congreso. Para solventar ese inconveniente, Zedillo logró aprobar con el apoyo de la fracción panista el 12 de diciembre de 1998 la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) con lo que los títulos gubernamentales en propiedad de los bancos privados fueron reconocidos como deuda pública. El PAN puso como condición para el acuerdo que Guillermo Ortiz no pudiese sentarse en la Junta de Gobierno del IPAB, lo que no impediría su funcionamiento.
La devaluación del peso permitió que el sector exportador creciera dinámicamente en 1995 aprovechando las condiciones preferentes de acceso que había logrado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El desempeño de las exportaciones fue un amortiguador de la crisis y de hecho la zona norte del país se vio menos perjudicada. No obstante, el PIB cayó 6.2% ese año, la inflación y el tipo de cambio cerraron en 51.97% y 7.74 pesos por dólar; cuando en 1994 las cifras fueron respectivamente 4.5%, 7.05% y 4.995 pesos por dólar.
En 1996, la recuperación de la economía mexicana fue notoria, el PIB creció 5.1%, la inflación bajó a 27.71% y el tipo de cambio cerró en 7.87; pero ello no se reflejaba en el bienestar de la gente. En el plano político, Zedillo pactaba con la oposición una reforma electoral otorgándole plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), órgano electoral que en ese momento todavía estaba bajo el control de la Secretaría de Gobernación. En un arranque de sinceridad Zedillo reconocería que ganó las elecciones porque las condiciones de la competencia eran muy desiguales.
La reforma electoral de Zedillo también era una respuesta política a los grupos radicales de izquierda, que luego del fraude del 88 habían reafirmado su convicción que por la vía electoral era imposible la toma del poder, porque nunca se reconocería el triunfo en las elecciones presidenciales. El más publicitado era sin duda el Ejercito Zapatista Liberación Nacional (EZLN) con su carismático líder el Subcomandante Marcos que recordaba a dos iconos revolucionarios como Emiliano Zapata y Ernesto “El Che” Guevara. El EZLN había saboteado exitosamente la entrada del TLCAN ese 1 de enero de 1994 y exhibido la enorme desigualdad e injustica imperantes.
Los costos políticos de la aprobación de mediadas antipopulares, el desgaste y desprestigio del gobierno y la realización de elecciones bajo condiciones más democráticas, provocaron un cambio radical en el escenario político. El PRI perdió la mayoría absoluta en la XLVII Legislatura en 1997 y tuvo que negociar con el grupo de los cuatro: PAN, PRD, PT y PVEM. Paradójicamente, este último recuperó su registro al incluir en la lista de Senadores y Diputados a figuras reconocidas como Adolfo Aguilar Zinser y Marcelo Ebrad Causabón. En el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas ganaba las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la capital del país. El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quezada hacía pública sus aspiraciones para postularse a la Presidencia de la República.
La crisis económica en Asia en 1997 fue un enorme tsunami que pondría fin a los sistemas cambiarios fijos con el dólar. Algunos países tomaron el modelo mexicano como un ejemplo de lo que no se debía hacer. Intervenir rápido a los bancos privados quebrados y encarcelar a los funcionarios y ejecutivos envueltos en operaciones fraudulentas. Las consecuencias para México fueron enormes: el desplome de los precios del petróleo obligaron a realizar tres recortes presupuestales en 1998. Para hacer frente a la caída de ingresos petroleros, el PRI propuso que se extendiera el IVA al 15% a todos las mercancías. El gobierno tenía que dar marcha atrás a la propuesta, a pesar del desplante de algunos tecnócratas que decían que continuaba vigente.
En 1999 la economía mundial se reactiva, Estados Unidos estaba festejando el auge y el ciclo económico más largo sin recesión. La fiebre de las punto.com había generado una burbuja bursátil en el mercado Nasdaq impresionante con contagio en todos los mercados bursátiles del mundo. Era tal la euforia de los especuladores que se había generado una “ceguera colectiva” digna de una novela de José Saramago.
En ese ambiente, Zedillo pensaba que si la economía funcionaba bien el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa ganaría las elecciones del 2000 sin problemas. Por la izquierda competía por tercera ocasión Cuauhtémoc Cárdenas y por la derecha Fox, quien supo canalizar la esperanza de cambio y el llamado al “voto útil”. Fox no proponía cambiar el modelo económico y tampoco abriría las heridas del Fobaproa.
Carlos Salinas de Gortari está obsesionado con no pasar a la historia como causante de la crisis de finales del 94. Ha escrito tres libros tamaño “ladrillo” para decirle a todo el mundo su verdad sin muchos resultados. Ernesto Zedillo, al ser entrevistado al poco tiempo de asumir el cargo para el que no estaba programado, trataba de justificarse del desastre alegando “que me dejaron el país prendido con alfileres” a lo que su antecesor le respondía: “para que se los quitaste”.
Salinas en realidad delegó la conducción de la política económica en su poderoso y arrogante Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, quien se volvió famoso por sus increíbles y orondas frases: “En México, el desempleo es un “mito genial” presumiendo que las bajas tasas de desocupación nos situaban entre los mejores naciones del mundo; o que el “déficit de cuenta corriente siga creciendo es muy bueno para la economía, porque por definición es igual al ahorro externo y esto permite que tengamos más recursos para invertir”.
Sin embargo, lo relevante era lo que no se decía y sobre todo lo que se ocultaba: que no existía seguro de desempleo y que las condiciones de ocupación eran muy desfavorables, no sólo por las bajo remuneraciones, sino por la ausencia de prestaciones. En 1994, el déficit de cuenta corriente representaba el 7% del PIB y ya no era financiable. El vencimiento de las obligaciones se había acrecentado de tal forma, que ya no sería posible cumplir los plazos de los pagos de la deuda externa conocida y encubierta por estar indexada a la paridad cambiaria.
Tampoco era cierto que no hubiese voces que advirtieran sobre los peligros de un tipo de cambio tan sobrevaluado que estaba alentando las importaciones y perjudicando las exportaciones desde hacia buen rato. El haber abusado del tipo de cambio fijo o predeterminado (porque el deslizamiento era conocido de antemano e insuficiente) como ancla inflacionaria generó un enorme y creciente desequilibrio externo. Rudiger Dornbusch, profesor de Aspe en el Instituto Tecnológico de Massachusetts incluso fue invitado a abandonar el país cuando en alguna de sus presentaciones cuestionó la política cambiaria.
Finalmente, cuando se amplía la banda ese 20 de diciembre de 1994, los pocos empresarios que pudieron comprar a 4 pesos por dólar, más adelante fueron los beneficiados de un tipo de cambio que se iría a 7 en un fenómeno conocido muy bien por Dornbusch como el “overshooting” el efecto sobrepasamiento posterior al tránsito de una política cambiaria fija por otra flotante o variable.
En descargo del gobierno, las calificadoras de riesgo tampoco advirtieron el peligro. Incluso, una de las grandes hizo el ridículo al subirle la calificación al país poco antes del colapso cambiario lo que incluso provocó un cambio radical en la forma de evaluar a los países. La “opinión de grupo” generada por los tecnócratas del Banco de México y de Hacienda era tan avasalladora, que quien opinara diferente era desacreditado o descalificado con expresiones como “son comentarios de seudoeconomistas”. Hoy en día las cosas no son muy diferentes, recuérdese los juicios de algunos de los funcionarios del gobierno calderonista en contra de Paul Krugman en 2010 calificándolo como ignorante y desconocedor de la realidad mexicana.
A los 28 días de haber asumido el cargo de Secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche renunció sustituyéndolo Guillermo Ortiz Martínez, quien tres años después sería premiado con la gubernatura del Banco de México. En enero de 95, anunció un plan de ajuste que no funcionó y que proponía austeridad fiscal. En febrero, el FMI otorgaba un crédito condicionado a una serie de políticas económicas y Clinton prometía un apoyo económico con su peculiar estilo: les prestamos porque no nos conviene que nuestro vecino se vaya al caos y además va a ser buen negocio por el pago de intereses que va a generarnos. Esto es, “ellos lo necesitan y a nosotros nos beneficia”. No fue fácil y Clinton tuvo que vetar la prohibición de los Republicanos que alegaban que no estaban dispuestos a que los impuestos de sus ciudadanos se usen en ayudar a un país corrupto y despilfarrador como el del Sur.
Las condiciones del FMI se fueron conociendo por la vía de los hechos: alza del IVA del 10 al 15%, lo que el PRI pudo lograr porque tenía mayoría en ambas Cámaras (la famosa “Roque señal”), privatización de áreas exclusivas del estado o restringidas a la inversión extranjera como bancos, ferrocarriles, suministro doméstico de gas, aeropuertos, puertos marítimos; depósito de la factura petrolera en Nueva York como garantía del préstamo por 17 mil 500 millones de dólares, elevación de precios y tarifas de bienes y servicios públicos. Las medidas generaron más inflación y el banco central restringió la liquidez de tal forma que las tasas de interés se dispararon, lo que ocasionó que la cartera vencida se disparara amenazando con llevar a la quiebra a los bancos privados.
El gobierno de Zedillo decidió rescatar a los bancos mediante un fideicomiso a cargo del Banco de México prácticamente desconocido antes de la crisis, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mediante el cual se intervino bancos insolventes e intercambió cartera vencida por títulos de deuda, en una transacción por medio de la cual se socializaban las pérdidas privadas. Si bien es de reconocer que el Fobaproa evitó la quiebra del sistema de pagos, el costo fiscal fue muy elevado, ya que las autoridades monetarias actuaron discrecionalmente. Favorecieron en la operación a muchos inversionistas ya sea mediante condonaciones de deuda o utilizando los bancos intervenidos para otorgarles a sus allegados créditos sin garantías.
El inconveniente más significativo del Fobaproa era que todo el programa de salvamento era ilegal, porque la nueva deuda pública no tenía respaldo, ya que no había sido autorizada por el Congreso. Para solventar ese inconveniente, Zedillo logró aprobar con el apoyo de la fracción panista el 12 de diciembre de 1998 la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) con lo que los títulos gubernamentales en propiedad de los bancos privados fueron reconocidos como deuda pública. El PAN puso como condición para el acuerdo que Guillermo Ortiz no pudiese sentarse en la Junta de Gobierno del IPAB, lo que no impediría su funcionamiento.
La devaluación del peso permitió que el sector exportador creciera dinámicamente en 1995 aprovechando las condiciones preferentes de acceso que había logrado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El desempeño de las exportaciones fue un amortiguador de la crisis y de hecho la zona norte del país se vio menos perjudicada. No obstante, el PIB cayó 6.2% ese año, la inflación y el tipo de cambio cerraron en 51.97% y 7.74 pesos por dólar; cuando en 1994 las cifras fueron respectivamente 4.5%, 7.05% y 4.995 pesos por dólar.
En 1996, la recuperación de la economía mexicana fue notoria, el PIB creció 5.1%, la inflación bajó a 27.71% y el tipo de cambio cerró en 7.87; pero ello no se reflejaba en el bienestar de la gente. En el plano político, Zedillo pactaba con la oposición una reforma electoral otorgándole plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), órgano electoral que en ese momento todavía estaba bajo el control de la Secretaría de Gobernación. En un arranque de sinceridad Zedillo reconocería que ganó las elecciones porque las condiciones de la competencia eran muy desiguales.
La reforma electoral de Zedillo también era una respuesta política a los grupos radicales de izquierda, que luego del fraude del 88 habían reafirmado su convicción que por la vía electoral era imposible la toma del poder, porque nunca se reconocería el triunfo en las elecciones presidenciales. El más publicitado era sin duda el Ejercito Zapatista Liberación Nacional (EZLN) con su carismático líder el Subcomandante Marcos que recordaba a dos iconos revolucionarios como Emiliano Zapata y Ernesto “El Che” Guevara. El EZLN había saboteado exitosamente la entrada del TLCAN ese 1 de enero de 1994 y exhibido la enorme desigualdad e injustica imperantes.
Los costos políticos de la aprobación de mediadas antipopulares, el desgaste y desprestigio del gobierno y la realización de elecciones bajo condiciones más democráticas, provocaron un cambio radical en el escenario político. El PRI perdió la mayoría absoluta en la XLVII Legislatura en 1997 y tuvo que negociar con el grupo de los cuatro: PAN, PRD, PT y PVEM. Paradójicamente, este último recuperó su registro al incluir en la lista de Senadores y Diputados a figuras reconocidas como Adolfo Aguilar Zinser y Marcelo Ebrad Causabón. En el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas ganaba las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la capital del país. El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quezada hacía pública sus aspiraciones para postularse a la Presidencia de la República.
La crisis económica en Asia en 1997 fue un enorme tsunami que pondría fin a los sistemas cambiarios fijos con el dólar. Algunos países tomaron el modelo mexicano como un ejemplo de lo que no se debía hacer. Intervenir rápido a los bancos privados quebrados y encarcelar a los funcionarios y ejecutivos envueltos en operaciones fraudulentas. Las consecuencias para México fueron enormes: el desplome de los precios del petróleo obligaron a realizar tres recortes presupuestales en 1998. Para hacer frente a la caída de ingresos petroleros, el PRI propuso que se extendiera el IVA al 15% a todos las mercancías. El gobierno tenía que dar marcha atrás a la propuesta, a pesar del desplante de algunos tecnócratas que decían que continuaba vigente.
En 1999 la economía mundial se reactiva, Estados Unidos estaba festejando el auge y el ciclo económico más largo sin recesión. La fiebre de las punto.com había generado una burbuja bursátil en el mercado Nasdaq impresionante con contagio en todos los mercados bursátiles del mundo. Era tal la euforia de los especuladores que se había generado una “ceguera colectiva” digna de una novela de José Saramago.
En ese ambiente, Zedillo pensaba que si la economía funcionaba bien el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa ganaría las elecciones del 2000 sin problemas. Por la izquierda competía por tercera ocasión Cuauhtémoc Cárdenas y por la derecha Fox, quien supo canalizar la esperanza de cambio y el llamado al “voto útil”. Fox no proponía cambiar el modelo económico y tampoco abriría las heridas del Fobaproa.
domingo, 30 de enero de 2011
Enero 30, 2011: Del desarrollo estabilizador a la estabilización sin desarrollo en México (segunda parte)
Correo: pabloail@yahoo.com.mx
El 1 de diciembre de 1982 inició un nuevo Gobierno en México y también comenzó una nueva etapa en su historia forzada por la crisis económica. Al presidente Miguel de la Madrid Hurtado le tocaría administrar la crisis en esos seis largo años, que terminarían marcados por un fraude electoral para evitar que los tecnócratas fueran desplazados del poder y regresara el nacionalismo revolucionario en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los factores externos serían los que causarían los cambios políticos y económicos y el sistema proteccionista y autoritario comenzaría a ser alterado. Eran los tiempos de Ronald Reagan y su retórica antigubernamental y del surgimiento del neoliberalismo como una ideología dominante entre las élites de poder.
El 20 de diciembre de 1982 habría tres paridades cambiarias: 149.25 libre, 95.05 controlado y 70.0 especial. Paradójicamente, 12 años después en esa misma fecha se volvería a experimentar otro colapso cambiario. La inflación al consumidor cerraría diciembre en 98.84% en tasa anual y los siguientes meses rebasaría el 100%.
El gobierno aplicó un severo plan de ajuste impuesto por el FMI que incluía bajos aumentos salariales y un mayor rigor sobre el gasto público, inició un agresivo plan de privatizaciones y una campaña de renovación moral que llevó a la cárcel al siniestro jefe de la policía capitalina Arturo Durazo Moreno y al exdirector de Pemex Jorge Díaz Serrano para recuperar legitimidad.
De la Madrid restituyó en su puesto al anterior director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, quien permanecería al frente del banco central hasta diciembre de 1997. La banca no regresaría a sus antiguos propietarios, pero fueron indemnizados y compensados al dárseles facilidades a algunos para fundar o ampliar casas de bolsa. De hecho se convertirían en una banca paralela y serían la base para la reprivatización en la época de Salinas. Por su parte, el sistema de pagos bajo el control del gobierno le permitió beneficiarse del señoriaje y de los pequeños ahorradores que recibieron tasas de interés reales negativas por varios años. Los bancos estatales bautizados como Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) funcionaron en lo que cabe bastante bien y algunos de sus directores destacarían como administradores eficientes. A las empresas endeudadas en dólares, el Gobierno les ofreció un subsidio para que pudieran pagar en pesos a través de un fideicomiso (Ficorca) administrado por el Banco de México que les permitiría hacer frente a las obligaciones.
La devaluación del peso y la negativa de otorgamiento de préstamos a México por la banca internacional volcaron la estrategia de crecimiento hacia la promoción de exportaciones. La industria maquiladora vista antes con desprecio se convirtió en la estrella del momento y la zona fronteriza inició un repunte económico que propició un flujo migratorio interno muy intenso, donde el empleo en esas plantas también era visto como una parada intermedia hacia Estados Unidos.
El plan de choque ayudó a reducir la inflación en 1983 a 80.78%, pero a costa de una caída del PIB de 4.2% (3.5% con la nueva base). ¿Por qué será que con los cambios de metodología siempre se “maquillan” las cifras en México? Mientras tanto los “señores ministros” declaraban que el salario mínimo no era tan malo si varios miembros de la familia chambeaban. La respuesta popular fue contundente: “salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente” ejemplificada en una inolvidable caricatura de Naranjo apoyando la campaña del registro del Partido Mexicano de los Trabajadores.
El gobierno de De la Madrid seguía asfixiado financieramente. Lo que ganaba con privatizaciones y recortes presupuestales, lo perdía con el costo exorbitante de la deuda externa. La economía seguía funcionando, pero porque hacían su incursión los ingresos provenientes del narcotráfico con un enorme y escandaloso lavadero de dinero. Los grupos militares y paramilitares que había tenido toda la impunidad oficial para reprimir a grupos guerrilleros de izquierda en la década de los setentas, la aprovechaban ahora para hacer florecer el negocio de la siembra y el tráfico de drogas procedente del extranjero.
El temblor del 85 exhibió la incapacidad de respuesta del gobierno y generó el surgimiento de una espontánea sociedad civil que sería la base de las protestas gubernamentales de los siguientes años. La incorporación de nuevos productores de petróleo ocasionó el desplome de los precios del crudo en 1986 al generarse una sobreoferta mundial. La OPEP estaba decidida a disciplinar a los nuevos productores independientes como México, Inglaterra y Noruega que les estaban quitando mercado con una guerra de precios bajos, que era gustosamente bienvenida por los países consumidores que se veían beneficiados por gasolina barata y una menor inflación.
La economía mexicana estaba fuertemente petrolizada tanto por el lado de las exportaciones como de las finanzas públicas: la caída de la factura petrolera provocó la devaluación del peso y el regreso de la inflación cerrando en 105.75 en 1986. El PIB se redujo 3.1% con la base 1993=100 (3.8% con la anterior). El poder adquisitivo del salario seguía empeorando y el descontento popular incrementándose. Ante un entorno económico tan complicado, México decide elevar la apuesta por la apertura comercial y pide su incorporación al GATT en 1986, luego de que seis años atrás había rechazado la invitación hecha para que se incorporara al acuerdo comercial.
En el plano político, mientras tanto, un astuto y maquiavélico Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, mediante una serie de intrigas palaciegas se deshacía de sus contrincantes en el Gabinete y se iba perfilando como el candidato único del partido oficial y por ende seguro futuro Presidente de la República al ir colocando a sus aliados en las diversas secretarias de estado.
Salinas convence con la ayuda de distinguidos académicos a de la Madrid de que la mejor manera de evitar una crisis sexenal era anticipar una serie de movimientos antes de que comenzara la especulación de fines de sexenio. Se devalúa sorpresivamente el peso un viernes 19 de noviembre de 1987 de 1,700 a 2,258 pesos. A finales de 1987, se crea el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) entre los organismos privados, sindicalismo oficial y gobierno para acordar las alzas de precios, tarifas y salarios y frenar la espiral inflacionaria que ese año terminaba en 159.17% comprometiéndose el gobierno a no volver a devaluar y a respetar los aumentos de precios y tarifas de bienes y servicios públicos.
El tipo de cambio subvaluado contribuiría a fomentar las exportaciones. En 1988, se decide usar paridad cambiaria como ancla antiinflacionaria siguiendo la estrategia de planes heterodoxos aplicados en América Latina para enfrentar la hiperinflación. En México, la inflación en 1988 cierra en 51.66% y el PIB crecía a pesar de todo 1.2% ese año. Sin embargo, la severa aplicación de las políticas de ajuste, habían generado un fuerte resentimiento en los sectores populares que votarían por Cárdenas en julio de ese año. Anteriormente, de la Madrid había evitado que la derecha ganara la gubernatura en Chihuahua en 1986 con el denominado “fraude patriótico”, ahora no permitiría que los “populistas” regresaran al poder y echaran por la borda todo el sacrificio hecho en su sexenio. Cárdenas le pide a sus partidarios a que depongan las protestas para evitar un derramamiento de sangre y llama a hacer una “revolución democrática”.
Salinas logra consolidarse en el poder con una serie de audaces decisiones. Renegoció la deuda externa que le permite aligerar la presión presupuestal, desde el principio de su gobierno desarticula la oposición de la derecha al comprometerse a aplicar varias de sus propuestas en su programa de gobierno. Dio golpes mediáticos espectaculares: mete a La Quina a la cárcel y a algunos casabolseros acusados de manejos indebidos en la crisis bursátil de 1987; restablece el control de sindicatos oficiales que estaban coqueteando con Cárdenas impulsando a líderes emergentes (Elba Esther Gordillo), consigue el apoyo de la Iglesia Católica a cambio del reconocimiento legal, entre otras medidas. Las políticas de ajuste habían generado mayor pobreza en el país. Salinas comprende esta situación y establece un sistema clientelar de subsidios con el apoyo de las comunidades, Solidaridad, que le permite recuperar el apoyo popular a su gobierno.
El gobierno salinista estaba convencido que si lograba cambiar la percepción de los agentes económicos clave del país, se irían generando expectativas optimistas que crearían un ambiente favorable para reactivar la inversión privada, lo que impulsaría el crecimiento económico y traería bienestar a la población. En tres años, los índices de popularidad de Salinas estaban por los cielos y en las elecciones de 1991 el PRI vuelve a arrasar en las elecciones de diputados federales como en los viejos tiempos. Con una Cámara de Diputados bajo control, Salinas aplica una serie de reformas estructurales como la privatización de la banca mediante un sistema de subastas, reforma el artículo 27 Constitucional para abrir la posibilidad de la privatización de los Ejidos; reclasifica la petroquímica primaria para permitir mayor inversión privada, que no estaba prohibida en la petroquímica secundaria.
En campaña había prometido que no impulsaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, cuando la recesión económica se desencadenó en 1990, las medidas proteccionistas amenazaban el flujo de las exportaciones mexicanas. El sistema generalizado de preferencias había que estarlo renovando permanentemente. Los asesores del Presidente le sugieren sumarnos al de EU-Canadá. La propuesta sorprendía a la opinión pública. La ilusión de que seriamos socios y por fin integrantes del Primer Mundo pronto generó un respaldo mayoritario, que se fortalecía con la invitación a ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los nuevos banqueros buscando recuperar muy pronto su inversión, otorgaban créditos de manera generalizada y sin control; el gobierno reducía el IVA de 15 al 10% y comenzaba a financiarse cada vez más con Tesobonos (deuda interna respaldada en dólares), la afluencia de capitales obligaba al Banco de México a esterilizar esa enorme entrada de recursos, pero prometiendo tasas de interés elevadas. El Secretario de Comercio de la época declaraba que “la mejor política industrial es la que no existe”. Pero, todo dependía de que el tipo de cambio no se devaluara.
El 1 de diciembre de 1982 inició un nuevo Gobierno en México y también comenzó una nueva etapa en su historia forzada por la crisis económica. Al presidente Miguel de la Madrid Hurtado le tocaría administrar la crisis en esos seis largo años, que terminarían marcados por un fraude electoral para evitar que los tecnócratas fueran desplazados del poder y regresara el nacionalismo revolucionario en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los factores externos serían los que causarían los cambios políticos y económicos y el sistema proteccionista y autoritario comenzaría a ser alterado. Eran los tiempos de Ronald Reagan y su retórica antigubernamental y del surgimiento del neoliberalismo como una ideología dominante entre las élites de poder.
El 20 de diciembre de 1982 habría tres paridades cambiarias: 149.25 libre, 95.05 controlado y 70.0 especial. Paradójicamente, 12 años después en esa misma fecha se volvería a experimentar otro colapso cambiario. La inflación al consumidor cerraría diciembre en 98.84% en tasa anual y los siguientes meses rebasaría el 100%.
El gobierno aplicó un severo plan de ajuste impuesto por el FMI que incluía bajos aumentos salariales y un mayor rigor sobre el gasto público, inició un agresivo plan de privatizaciones y una campaña de renovación moral que llevó a la cárcel al siniestro jefe de la policía capitalina Arturo Durazo Moreno y al exdirector de Pemex Jorge Díaz Serrano para recuperar legitimidad.
De la Madrid restituyó en su puesto al anterior director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, quien permanecería al frente del banco central hasta diciembre de 1997. La banca no regresaría a sus antiguos propietarios, pero fueron indemnizados y compensados al dárseles facilidades a algunos para fundar o ampliar casas de bolsa. De hecho se convertirían en una banca paralela y serían la base para la reprivatización en la época de Salinas. Por su parte, el sistema de pagos bajo el control del gobierno le permitió beneficiarse del señoriaje y de los pequeños ahorradores que recibieron tasas de interés reales negativas por varios años. Los bancos estatales bautizados como Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) funcionaron en lo que cabe bastante bien y algunos de sus directores destacarían como administradores eficientes. A las empresas endeudadas en dólares, el Gobierno les ofreció un subsidio para que pudieran pagar en pesos a través de un fideicomiso (Ficorca) administrado por el Banco de México que les permitiría hacer frente a las obligaciones.
La devaluación del peso y la negativa de otorgamiento de préstamos a México por la banca internacional volcaron la estrategia de crecimiento hacia la promoción de exportaciones. La industria maquiladora vista antes con desprecio se convirtió en la estrella del momento y la zona fronteriza inició un repunte económico que propició un flujo migratorio interno muy intenso, donde el empleo en esas plantas también era visto como una parada intermedia hacia Estados Unidos.
El plan de choque ayudó a reducir la inflación en 1983 a 80.78%, pero a costa de una caída del PIB de 4.2% (3.5% con la nueva base). ¿Por qué será que con los cambios de metodología siempre se “maquillan” las cifras en México? Mientras tanto los “señores ministros” declaraban que el salario mínimo no era tan malo si varios miembros de la familia chambeaban. La respuesta popular fue contundente: “salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente” ejemplificada en una inolvidable caricatura de Naranjo apoyando la campaña del registro del Partido Mexicano de los Trabajadores.
El gobierno de De la Madrid seguía asfixiado financieramente. Lo que ganaba con privatizaciones y recortes presupuestales, lo perdía con el costo exorbitante de la deuda externa. La economía seguía funcionando, pero porque hacían su incursión los ingresos provenientes del narcotráfico con un enorme y escandaloso lavadero de dinero. Los grupos militares y paramilitares que había tenido toda la impunidad oficial para reprimir a grupos guerrilleros de izquierda en la década de los setentas, la aprovechaban ahora para hacer florecer el negocio de la siembra y el tráfico de drogas procedente del extranjero.
El temblor del 85 exhibió la incapacidad de respuesta del gobierno y generó el surgimiento de una espontánea sociedad civil que sería la base de las protestas gubernamentales de los siguientes años. La incorporación de nuevos productores de petróleo ocasionó el desplome de los precios del crudo en 1986 al generarse una sobreoferta mundial. La OPEP estaba decidida a disciplinar a los nuevos productores independientes como México, Inglaterra y Noruega que les estaban quitando mercado con una guerra de precios bajos, que era gustosamente bienvenida por los países consumidores que se veían beneficiados por gasolina barata y una menor inflación.
La economía mexicana estaba fuertemente petrolizada tanto por el lado de las exportaciones como de las finanzas públicas: la caída de la factura petrolera provocó la devaluación del peso y el regreso de la inflación cerrando en 105.75 en 1986. El PIB se redujo 3.1% con la base 1993=100 (3.8% con la anterior). El poder adquisitivo del salario seguía empeorando y el descontento popular incrementándose. Ante un entorno económico tan complicado, México decide elevar la apuesta por la apertura comercial y pide su incorporación al GATT en 1986, luego de que seis años atrás había rechazado la invitación hecha para que se incorporara al acuerdo comercial.
En el plano político, mientras tanto, un astuto y maquiavélico Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, mediante una serie de intrigas palaciegas se deshacía de sus contrincantes en el Gabinete y se iba perfilando como el candidato único del partido oficial y por ende seguro futuro Presidente de la República al ir colocando a sus aliados en las diversas secretarias de estado.
Salinas convence con la ayuda de distinguidos académicos a de la Madrid de que la mejor manera de evitar una crisis sexenal era anticipar una serie de movimientos antes de que comenzara la especulación de fines de sexenio. Se devalúa sorpresivamente el peso un viernes 19 de noviembre de 1987 de 1,700 a 2,258 pesos. A finales de 1987, se crea el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) entre los organismos privados, sindicalismo oficial y gobierno para acordar las alzas de precios, tarifas y salarios y frenar la espiral inflacionaria que ese año terminaba en 159.17% comprometiéndose el gobierno a no volver a devaluar y a respetar los aumentos de precios y tarifas de bienes y servicios públicos.
El tipo de cambio subvaluado contribuiría a fomentar las exportaciones. En 1988, se decide usar paridad cambiaria como ancla antiinflacionaria siguiendo la estrategia de planes heterodoxos aplicados en América Latina para enfrentar la hiperinflación. En México, la inflación en 1988 cierra en 51.66% y el PIB crecía a pesar de todo 1.2% ese año. Sin embargo, la severa aplicación de las políticas de ajuste, habían generado un fuerte resentimiento en los sectores populares que votarían por Cárdenas en julio de ese año. Anteriormente, de la Madrid había evitado que la derecha ganara la gubernatura en Chihuahua en 1986 con el denominado “fraude patriótico”, ahora no permitiría que los “populistas” regresaran al poder y echaran por la borda todo el sacrificio hecho en su sexenio. Cárdenas le pide a sus partidarios a que depongan las protestas para evitar un derramamiento de sangre y llama a hacer una “revolución democrática”.
Salinas logra consolidarse en el poder con una serie de audaces decisiones. Renegoció la deuda externa que le permite aligerar la presión presupuestal, desde el principio de su gobierno desarticula la oposición de la derecha al comprometerse a aplicar varias de sus propuestas en su programa de gobierno. Dio golpes mediáticos espectaculares: mete a La Quina a la cárcel y a algunos casabolseros acusados de manejos indebidos en la crisis bursátil de 1987; restablece el control de sindicatos oficiales que estaban coqueteando con Cárdenas impulsando a líderes emergentes (Elba Esther Gordillo), consigue el apoyo de la Iglesia Católica a cambio del reconocimiento legal, entre otras medidas. Las políticas de ajuste habían generado mayor pobreza en el país. Salinas comprende esta situación y establece un sistema clientelar de subsidios con el apoyo de las comunidades, Solidaridad, que le permite recuperar el apoyo popular a su gobierno.
El gobierno salinista estaba convencido que si lograba cambiar la percepción de los agentes económicos clave del país, se irían generando expectativas optimistas que crearían un ambiente favorable para reactivar la inversión privada, lo que impulsaría el crecimiento económico y traería bienestar a la población. En tres años, los índices de popularidad de Salinas estaban por los cielos y en las elecciones de 1991 el PRI vuelve a arrasar en las elecciones de diputados federales como en los viejos tiempos. Con una Cámara de Diputados bajo control, Salinas aplica una serie de reformas estructurales como la privatización de la banca mediante un sistema de subastas, reforma el artículo 27 Constitucional para abrir la posibilidad de la privatización de los Ejidos; reclasifica la petroquímica primaria para permitir mayor inversión privada, que no estaba prohibida en la petroquímica secundaria.
En campaña había prometido que no impulsaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, cuando la recesión económica se desencadenó en 1990, las medidas proteccionistas amenazaban el flujo de las exportaciones mexicanas. El sistema generalizado de preferencias había que estarlo renovando permanentemente. Los asesores del Presidente le sugieren sumarnos al de EU-Canadá. La propuesta sorprendía a la opinión pública. La ilusión de que seriamos socios y por fin integrantes del Primer Mundo pronto generó un respaldo mayoritario, que se fortalecía con la invitación a ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los nuevos banqueros buscando recuperar muy pronto su inversión, otorgaban créditos de manera generalizada y sin control; el gobierno reducía el IVA de 15 al 10% y comenzaba a financiarse cada vez más con Tesobonos (deuda interna respaldada en dólares), la afluencia de capitales obligaba al Banco de México a esterilizar esa enorme entrada de recursos, pero prometiendo tasas de interés elevadas. El Secretario de Comercio de la época declaraba que “la mejor política industrial es la que no existe”. Pero, todo dependía de que el tipo de cambio no se devaluara.
domingo, 23 de enero de 2011
Enero 23, 2011: Del desarrollo estabilizador a la estabilización sin desarrollo en México (primera parte)
Correo: pabloail@yahoo.com,mx
El pasado 14 cumplí 50 años y por eso motivo me pareció una buena idea considerar la sugerencia que me hicieron Julieta mi esposa y mi amigo Ricardo de escribir una reseña de lo que ha pasado en la economía mexicana desde entonces hasta el presente en este mundo globalizado en el que México sigue siendo visto como una “potencia media” debajo de los países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India y China).
En los sesenta México era visto como un país en vías de desarrollo con un pasado legendario y que más pronto que tarde llegaría al Primer Mundo. Como otros países de América Latina seguía la política de sustitución de importaciones con aranceles elevados y con otras medidas de control (permisos previos de importación), así como subsidios y crédito preferente canalizado por la banca de desarrollo a las empresas. La estrategia consistía en que el país dejara de ser un exportador de materias primas y que cuando el sector industrial hubiese madurado pudiese competir en el exterior.
Inspirado en las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se seguía una política proteccionista que permitiría que se pasara de una etapa de sustitución de bienes de consumo simples, a otra de manufacturas más elaboradas, siguiendo con la producción de bienes intermedios para culminar con la fabricación de bienes de capital que permitiría establecer una cadena productiva integrada y con mayor valor agregado. Los funcionarios de la época insistían en la premisa de que primero había que producir la riqueza para después distribuirla, con la peregrina idea de que las beneficios de las empresas o las ganancias del capital se reinvertirían lo que elevarían la productividad y por ende los salarios.
Las exportaciones de materias primas y las divisas provenientes del turismo generarían los recursos para realizar las importaciones necesarias que permitieran consolidar el desordenado proceso de industrialización que se siguió sin una regulación adecuada y sin normas ambientales por lo que la contaminación y la polución pasaran a ser problemas crónicos. México la región más trasparente pasó a ser parte de la nostalgia.
Teníamos pesos de plata y la exaltación nacionalista insistía en no depender del dólar si contábamos con una moneda respaldada en ese metal precioso y con una producción inagotable. “Somos el productor número 1” era nuestro orgullo nacional, cuando Perú nos rebasó en los setenta nos deprimimos porque ya ni siquiera en eso éramos ganadores.
Ese era el tiempo de la gran emigración de campo a la ciudad y el surgimiento de grandes cinturones de miseria en las metrópolis (México, Guadalajara y Monterrey). La mancha urbana se expandía gracias al negocio de los fraccionadores y especuladores coludidos con los gobiernos locales que hicieron grandes fortunas personales.
Eran los tiempos de un estado fuerte y autoritario, altamente centralista. México era un modelo de economía mixta con creciente presencia de paraestatales para el resto del mundo. Años después China lo seguiría de manera exitosa y simultáneamente Corea del Sur empezaba un proceso de industrialización que lo llevaría a ser un NIC en los ochenta. El gobierno otorgaba grandes subsidios a los industriales que se veían favorecidos por un mercado interno protegido de las importaciones. De esta forma la inversión extranjera directa que se establecía estaba orientada a aprovechar ese mercado. Si alguna empresa privada importante quebraba, era muy socorrido el recurso del rescate gubernamental para que no se perdieran esas fuentes de empleo.
A finales de los sesenta el modelo entra en crisis. México se vuelve un importador neto de alimentos, la reforma agraria fracasa, los primeros intentos de reforma fiscal son rechazados por los empresarios que acusaban al gobierno de querer llevarnos al socialismo en 1972. Entramos a la era del “desarrollo compartido”, modelo neopopulista en el que el Estado comienza a canalizar más subsidios a los más pobres como una estrategia que busca afianzar el apoyo político de las mayorías y para apaciguar el descontento social respondiendo a la queja de “el gobierno no hace nada para ayudarme”.
Es la época de oro del corporativismo representada fehacientemente en la figura de Fidel Velázquez, la CTM y el Congreso del Trabajo que se encargaba de reprimir cualquiera intento de formación de sindicatos independientes respaldados por los “comunistas”. Son los tiempos en que el Banco de México era controlado en Los Pinos y el creciente déficit público era financiado con mayor emisión de dinero.
El 31 de agosto de 1976 terminaron 22 años de paridad fija. Una crisis de balanza de pagos explotaba y obligaba al gobierno mexicano a solicitar urgentemente el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno de Echeverría entra en crisis, su amigo de la infancia José López Portillo, iniciaría a finales de año un gobierno con una crisis de legitimidad, puesto que fue el único candidato a la Presidencia. Su gobierno comienza una reconciliación con el sector privado recriminando al saliente la corrupción y mandando a la cárcel a algunos funcionarios para reivindicarse con la opinión pública.
En 1977, los vastos descubrimientos de petróleo nos ponen de vuelta en el escenario internacional. Los intentos de maximato son aplacados y Echeverría sería enviado al exilio diplomático como embajador de Australia y las Islas Fiji. Se consolida en Hacienda el grupo de tecnócratas recién regresados de doctorados en Chicago, Harvard, MIT, etc. que tomarían el poder plenamente seis años después y que ya nunca lo soltarían a pesar de la alternancia en el 2000.
La “administración de la abundancia” concluyó con una crisis de balanza de pagos en 1982 alentada por un enorme déficit público, una impresionante deuda externa y con un gobierno despilfarrador y corrupto. Pemex se convierte en un barril sin fondo para los contratistas privados y para el sindicato que exige su comisión por dar el visto bueno a cualquier obra. Los dos personajes más importantes eran Jorge Díaz Serrano y “La Quina” Joaquín Hernández Galicia, el eterno líder petrolero. La planeación y programación gubernamental que nunca aterrizan en la realidad o que se queda en grandes documentos sin aplicación como un Plan Global de Desarrollo en 1980 sería el sello de la ineficacia e ineficiencia del sexenio.
Ya no éramos un país del Tercer Mundo, tampoco del Primero, orgullosamente estábamos en el Segundo como nos lo hacía creer la propaganda oficial. México seguía siendo un país terriblemente desigual, con una burocracia privilegiada y con un campo cada vez más abandonado y atrasado. Se creaba el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con un montón de propuestas siendo una entelequia que no servía para frenar la creciente dependencia alimentaria.
Los “elefantes blancos” -las construcciones públicas inservibles o mal construidas- tan de moda en el gobierno anterior vuelven por sus fueros a pesar de que en ese tiempo surge la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) para vigilar y administrar mejor los recursos del erario. De esta dependencia surgirían los siguientes tres presidentes de la República y se consolidaría el capitalismo de compadres en una estrategia privatizadora donde los monopolios públicos se transformarían en privados.
El fallido intento de regresar al desarrollo estabilizador está perfectamente representado por el préstamo de rescate por 11 mil millones de pesos de Nafinsa al Grupo Alfa para evitar su quiebra en un lejano 1981 luego de una alocada estrategia de diversificación horizontal. Los ganadores dentro del sector empresarial eran los grupos financieros que aprovechaban el esquema de banca universal aprobado en 1977 y que facilitó las fusiones y consolidaciones. El gobierno comenzó a financiarse no solo con deuda externa sino con la interna. En 1978 surgen los Certificados de Tesorería de la Federación (Cetes). La emisión de dinero por lo menos ahora sería respaldada con títulos de deuda.
En el plano fiscal se toman dos medidas importantes: la creación del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% y desaparece el impuesto de ingresos mercantiles del 4% en productos procesados salvo los básicos con lo que los consumidores se ven perjudicados, no así los productores que pueden compensarlo con las compras que realicen; la otra serie la Ley de Coordinación Fiscal esfuerzo de recaudación conjunta de los estados y el gobierno federal que refuerza la centralización de la política tributaria y el control de los estados a través de las participaciones federales.
En 1981, comienza el desplome del precio del petróleo por la sobre oferta del crudo agravado por la recesión mundial y por el fenómeno de la estanflación. Los bancos centrales comienzan a subir las tasas de interés de referencia siguiendo una agresiva política antiinflacionaria profundizando la recesión. México quedaba atrapado y los ataques especulativos provocarían una crisis cambiaria y de deuda a lo largo de 1982. “Defenderé el peso como perro” aquella desafortunada metáfora de López Portillo era parte de la burla popular acerca de la impotencia del gobierno. El caricaturista Rogelio Naranjo reflejaba ese sentir popular magistralmente en la revista Proceso y en El Universal.
1982 fue un año de pesadilla, en febrero ocurre una fuerte devaluación con el mismo eufemismo usado en 1976, se deja flotar de nueva cuenta al peso. En agosto, Jesús Silva Herzog anuncia medidas inusitadas: mercado cambiario controlado y nueva devaluación, congelamiento de cuentas en dólares a 70 pesos y anuncio de la moratoria del pago de la deuda por incapacidad de cubrir su servicio y agravada por una desbocada fuga de capitales.
El 1 de septiembre de 1982 un fracasado Presidente estatizaba la banca acusando a los banqueros de habernos saqueado, destituía al Director General del Banco de México mientras que Silva Herzog negociaba una Carta de Intención con el FMI para el próximo gobierno de Miguel de la Madrid. El modelo de sustitución de importaciones se agotaba en medio de una crisis económica y de finanzas públicas.
El pasado 14 cumplí 50 años y por eso motivo me pareció una buena idea considerar la sugerencia que me hicieron Julieta mi esposa y mi amigo Ricardo de escribir una reseña de lo que ha pasado en la economía mexicana desde entonces hasta el presente en este mundo globalizado en el que México sigue siendo visto como una “potencia media” debajo de los países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India y China).
En los sesenta México era visto como un país en vías de desarrollo con un pasado legendario y que más pronto que tarde llegaría al Primer Mundo. Como otros países de América Latina seguía la política de sustitución de importaciones con aranceles elevados y con otras medidas de control (permisos previos de importación), así como subsidios y crédito preferente canalizado por la banca de desarrollo a las empresas. La estrategia consistía en que el país dejara de ser un exportador de materias primas y que cuando el sector industrial hubiese madurado pudiese competir en el exterior.
Inspirado en las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se seguía una política proteccionista que permitiría que se pasara de una etapa de sustitución de bienes de consumo simples, a otra de manufacturas más elaboradas, siguiendo con la producción de bienes intermedios para culminar con la fabricación de bienes de capital que permitiría establecer una cadena productiva integrada y con mayor valor agregado. Los funcionarios de la época insistían en la premisa de que primero había que producir la riqueza para después distribuirla, con la peregrina idea de que las beneficios de las empresas o las ganancias del capital se reinvertirían lo que elevarían la productividad y por ende los salarios.
Las exportaciones de materias primas y las divisas provenientes del turismo generarían los recursos para realizar las importaciones necesarias que permitieran consolidar el desordenado proceso de industrialización que se siguió sin una regulación adecuada y sin normas ambientales por lo que la contaminación y la polución pasaran a ser problemas crónicos. México la región más trasparente pasó a ser parte de la nostalgia.
Teníamos pesos de plata y la exaltación nacionalista insistía en no depender del dólar si contábamos con una moneda respaldada en ese metal precioso y con una producción inagotable. “Somos el productor número 1” era nuestro orgullo nacional, cuando Perú nos rebasó en los setenta nos deprimimos porque ya ni siquiera en eso éramos ganadores.
Ese era el tiempo de la gran emigración de campo a la ciudad y el surgimiento de grandes cinturones de miseria en las metrópolis (México, Guadalajara y Monterrey). La mancha urbana se expandía gracias al negocio de los fraccionadores y especuladores coludidos con los gobiernos locales que hicieron grandes fortunas personales.
Eran los tiempos de un estado fuerte y autoritario, altamente centralista. México era un modelo de economía mixta con creciente presencia de paraestatales para el resto del mundo. Años después China lo seguiría de manera exitosa y simultáneamente Corea del Sur empezaba un proceso de industrialización que lo llevaría a ser un NIC en los ochenta. El gobierno otorgaba grandes subsidios a los industriales que se veían favorecidos por un mercado interno protegido de las importaciones. De esta forma la inversión extranjera directa que se establecía estaba orientada a aprovechar ese mercado. Si alguna empresa privada importante quebraba, era muy socorrido el recurso del rescate gubernamental para que no se perdieran esas fuentes de empleo.
A finales de los sesenta el modelo entra en crisis. México se vuelve un importador neto de alimentos, la reforma agraria fracasa, los primeros intentos de reforma fiscal son rechazados por los empresarios que acusaban al gobierno de querer llevarnos al socialismo en 1972. Entramos a la era del “desarrollo compartido”, modelo neopopulista en el que el Estado comienza a canalizar más subsidios a los más pobres como una estrategia que busca afianzar el apoyo político de las mayorías y para apaciguar el descontento social respondiendo a la queja de “el gobierno no hace nada para ayudarme”.
Es la época de oro del corporativismo representada fehacientemente en la figura de Fidel Velázquez, la CTM y el Congreso del Trabajo que se encargaba de reprimir cualquiera intento de formación de sindicatos independientes respaldados por los “comunistas”. Son los tiempos en que el Banco de México era controlado en Los Pinos y el creciente déficit público era financiado con mayor emisión de dinero.
El 31 de agosto de 1976 terminaron 22 años de paridad fija. Una crisis de balanza de pagos explotaba y obligaba al gobierno mexicano a solicitar urgentemente el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno de Echeverría entra en crisis, su amigo de la infancia José López Portillo, iniciaría a finales de año un gobierno con una crisis de legitimidad, puesto que fue el único candidato a la Presidencia. Su gobierno comienza una reconciliación con el sector privado recriminando al saliente la corrupción y mandando a la cárcel a algunos funcionarios para reivindicarse con la opinión pública.
En 1977, los vastos descubrimientos de petróleo nos ponen de vuelta en el escenario internacional. Los intentos de maximato son aplacados y Echeverría sería enviado al exilio diplomático como embajador de Australia y las Islas Fiji. Se consolida en Hacienda el grupo de tecnócratas recién regresados de doctorados en Chicago, Harvard, MIT, etc. que tomarían el poder plenamente seis años después y que ya nunca lo soltarían a pesar de la alternancia en el 2000.
La “administración de la abundancia” concluyó con una crisis de balanza de pagos en 1982 alentada por un enorme déficit público, una impresionante deuda externa y con un gobierno despilfarrador y corrupto. Pemex se convierte en un barril sin fondo para los contratistas privados y para el sindicato que exige su comisión por dar el visto bueno a cualquier obra. Los dos personajes más importantes eran Jorge Díaz Serrano y “La Quina” Joaquín Hernández Galicia, el eterno líder petrolero. La planeación y programación gubernamental que nunca aterrizan en la realidad o que se queda en grandes documentos sin aplicación como un Plan Global de Desarrollo en 1980 sería el sello de la ineficacia e ineficiencia del sexenio.
Ya no éramos un país del Tercer Mundo, tampoco del Primero, orgullosamente estábamos en el Segundo como nos lo hacía creer la propaganda oficial. México seguía siendo un país terriblemente desigual, con una burocracia privilegiada y con un campo cada vez más abandonado y atrasado. Se creaba el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con un montón de propuestas siendo una entelequia que no servía para frenar la creciente dependencia alimentaria.
Los “elefantes blancos” -las construcciones públicas inservibles o mal construidas- tan de moda en el gobierno anterior vuelven por sus fueros a pesar de que en ese tiempo surge la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) para vigilar y administrar mejor los recursos del erario. De esta dependencia surgirían los siguientes tres presidentes de la República y se consolidaría el capitalismo de compadres en una estrategia privatizadora donde los monopolios públicos se transformarían en privados.
El fallido intento de regresar al desarrollo estabilizador está perfectamente representado por el préstamo de rescate por 11 mil millones de pesos de Nafinsa al Grupo Alfa para evitar su quiebra en un lejano 1981 luego de una alocada estrategia de diversificación horizontal. Los ganadores dentro del sector empresarial eran los grupos financieros que aprovechaban el esquema de banca universal aprobado en 1977 y que facilitó las fusiones y consolidaciones. El gobierno comenzó a financiarse no solo con deuda externa sino con la interna. En 1978 surgen los Certificados de Tesorería de la Federación (Cetes). La emisión de dinero por lo menos ahora sería respaldada con títulos de deuda.
En el plano fiscal se toman dos medidas importantes: la creación del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% y desaparece el impuesto de ingresos mercantiles del 4% en productos procesados salvo los básicos con lo que los consumidores se ven perjudicados, no así los productores que pueden compensarlo con las compras que realicen; la otra serie la Ley de Coordinación Fiscal esfuerzo de recaudación conjunta de los estados y el gobierno federal que refuerza la centralización de la política tributaria y el control de los estados a través de las participaciones federales.
En 1981, comienza el desplome del precio del petróleo por la sobre oferta del crudo agravado por la recesión mundial y por el fenómeno de la estanflación. Los bancos centrales comienzan a subir las tasas de interés de referencia siguiendo una agresiva política antiinflacionaria profundizando la recesión. México quedaba atrapado y los ataques especulativos provocarían una crisis cambiaria y de deuda a lo largo de 1982. “Defenderé el peso como perro” aquella desafortunada metáfora de López Portillo era parte de la burla popular acerca de la impotencia del gobierno. El caricaturista Rogelio Naranjo reflejaba ese sentir popular magistralmente en la revista Proceso y en El Universal.
1982 fue un año de pesadilla, en febrero ocurre una fuerte devaluación con el mismo eufemismo usado en 1976, se deja flotar de nueva cuenta al peso. En agosto, Jesús Silva Herzog anuncia medidas inusitadas: mercado cambiario controlado y nueva devaluación, congelamiento de cuentas en dólares a 70 pesos y anuncio de la moratoria del pago de la deuda por incapacidad de cubrir su servicio y agravada por una desbocada fuga de capitales.
El 1 de septiembre de 1982 un fracasado Presidente estatizaba la banca acusando a los banqueros de habernos saqueado, destituía al Director General del Banco de México mientras que Silva Herzog negociaba una Carta de Intención con el FMI para el próximo gobierno de Miguel de la Madrid. El modelo de sustitución de importaciones se agotaba en medio de una crisis económica y de finanzas públicas.
sábado, 8 de enero de 2011
Enero 8, 2011: Cambio de año base de la inflación en México
Correo: pabloail@yahoo.com.mx
La modificación del año base era necesaria considerando que los patrones de consumo de la población se habían modificado significativamente entre 2008 y el 2000, así como la evolución de los precios relativos. Los principales cambios de esta nueva etapa del INPC son:
• Periodo de año base de la segunda quincena de diciembre de 2010 en lugar de la segunda quincena de junio de 2002.
• 83,500 productos y servicios específicos utilizados en lugar de los 58,200 previos.
• La canasta del INPC pasa de 315 a 283 genéricos como resultado de fusiones aperturas y fusiones.
• Estructura de ponderación usando la última Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares (ENIGH) 2008 en lugar de la del 2000 por lo que de nueva cuenta se recurre a la actualización de ponderaciones vía precios relativos de agosto-noviembre 2008 a Dic 2Q 2010 como se hizo antes.
Banxico hace hincapié que en este periodo los servicios aumentaron su importancia relativo destacando especialmente la vivienda y la telefonía local. En el primer caso, se debe al mayor gasto en vivienda propia asociado a la adquisición de la misma propiciados por los programas de crédito gubernamentales y de reactivación del crédito bancario. En el segundo, por la mayor cobertura de la telefonía móvil.
También se destaca que en la nueva canasta del INPC disminuirá el peso relativo (ponderación) de las mercancías distintas a los alimentos. Sin embargo, también es factible que se reduzca el de los alimentos si su proporción en el gasto total se redujo en ese periodo, como es previsible al subir el ingreso de los hogares en términos reales y al mejorar la distribución del ingreso entre esos dos momentos (el coeficiente de Gini es más bajo en 2008 que en 2000).
Una de las críticas que seguramente se le harán a Banxico es por qué no dejo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se encargara de hacer el cambio del año base con la ENIGH 2010, que estaría disponible después del 15 de julio de 2010 cuando el INEGI asuma la encomienda de medir la inflación. Además, con ello se hubiese evitado el procedimiento de actualización de los precios relativos en un lapso de más de dos años puesto que la ENIGH 2010 se levantó entre agosto y noviembre. Pareciera que Banxico quiso dar “madruguete” y dejar las cosas “amarradas” antes de que traslade a regañadientes la responsabilidad, a pesar de que se diga que el cambio se hizo “con la participación del INEGI” o a los mejor si hubo condescendencia.
En realidad la crítica importante es la no utilización de la ENIGH 2010, porque se “amortigua” la inflación que viene en este 2011. Con la crisis de 2009, el ingreso de las familias cayó drásticamente, se incrementó la pobreza y seguramente también empeoró la distribución del ingreso porque la remuneración de los nuevos empleos fue con sueldos más bajos en promedio. Esto traería como consecuencia que el peso relativo (ponderadores) de los alimentos de la ENIGH 2010 sea más elevado que la del 2008. Esto se vuelve relevante en la coyuntura actual en la que está ocurriendo un alza mundial del precio de estos productos.
También se observa un sesgo a rasurar la inflación por dos vías: dar un tratamiento estadístico especial a conceptos: por ejemplo, separar gas LP de gas natural que tiene una inflación menor. El uso de las medias geométricas en lugar de las aritméticas suaviza las alzas de precios argumentándose que se da la sustitución de los bienes de consumo al enfrentarse cambios de los precios relativos. Ésta es precisamente una crítica a la comisión Boskin en Estados Unidos. Por ejemplo, si la manzana “red delicius” subió menos de precio que la “starking”, utilizó a la primera para representar el alza de las manzanas en general.
Banxico señala que en la definición de la nueva canasta del INPC consideró las características regionales de los mercados y la relación del costo-beneficio en la recopilación de precios. Más allá de la retórica, siguen quedando fuera localidades muy relevantes en la muestra del INPC; aunque ello también es una limitación inherente de la ENIGH que no tiene representatividad ni siquiera a nivel estatal.
Repercusiones:
• El cambio de ponderadores puede ocasionar que la inflación con la nueva base sea revisada a la baja ligeramente. Es decir, si la inflación general en tasa anual en diciembre de 2010 fue de 4.40%, con la nueva base hubiese sido -digamos- 4.28% con lo que se acusara al Banxico de estar maquillando las cifras. Tal vez ello no suceda si no hay estimaciones retrospectivas de la variación porcentual del INPC, pero de todos modos quedara prospectivamente la duda.
Pendientes:
• Ajustar estacionalmente las principales series como se hace desde hace mucho tiempo en muchos países.
• Ampliar el INPC a más ciudades. Todavía no acabamos de entender por qué Jacona, Mich. está en la muestra de 46 ciudades y no aparece, por ejemplo, Cancún.
• No romper las inercias y no comenzar a utilizar más la inflación promedio como la usan diversos organismos internacionales como la OCDE para representarla.
Hay más aspectos que analizar del cambio de año base del INPC, pero los abordaremos en otra ocasión. Por lo pronto, esperaremos dos semanas a que se difundan los ponderadores de la nueva base.
Comenzamos el año con la noticia de que el Banco de México (Banxico) decidió actualizar la base del Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías para su elaboración. Como la inflación es la variación porcentual de los precios representados por un índice de precios, en este caso por el INPC, esto implica una nueva forma de medirla en el país, por lo que la mejor manera de comenzar la Nota Económica en 2011 es explicando estos cambios, debido a que es un elemento fundamental para la toma de decisiones económicas de la población.
A reserva de que el 24 de enero se presenten los primeros resultados de la inflación con el nuevo INPC y de los ponderadores de los índices individuales, y despejar la incógnita sobre si habrá estimaciones retrospectivas de inflación con la nueva metodología, vale la pena comentar la presentación “Principales Elementos en el Cambios de Base del INPC” presentada por el banco central el 7 de enero de 2011, cuya liga es:
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/intermedio/inflacion/elaboracion-inpc/%7B66F73593-AA3D-841B-794D-AFD591B274CB%7D.pdf
A reserva de que el 24 de enero se presenten los primeros resultados de la inflación con el nuevo INPC y de los ponderadores de los índices individuales, y despejar la incógnita sobre si habrá estimaciones retrospectivas de inflación con la nueva metodología, vale la pena comentar la presentación “Principales Elementos en el Cambios de Base del INPC” presentada por el banco central el 7 de enero de 2011, cuya liga es:
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/intermedio/inflacion/elaboracion-inpc/%7B66F73593-AA3D-841B-794D-AFD591B274CB%7D.pdf
La modificación del año base era necesaria considerando que los patrones de consumo de la población se habían modificado significativamente entre 2008 y el 2000, así como la evolución de los precios relativos. Los principales cambios de esta nueva etapa del INPC son:
• Periodo de año base de la segunda quincena de diciembre de 2010 en lugar de la segunda quincena de junio de 2002.
• 83,500 productos y servicios específicos utilizados en lugar de los 58,200 previos.
• La canasta del INPC pasa de 315 a 283 genéricos como resultado de fusiones aperturas y fusiones.
• Estructura de ponderación usando la última Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares (ENIGH) 2008 en lugar de la del 2000 por lo que de nueva cuenta se recurre a la actualización de ponderaciones vía precios relativos de agosto-noviembre 2008 a Dic 2Q 2010 como se hizo antes.
Banxico hace hincapié que en este periodo los servicios aumentaron su importancia relativo destacando especialmente la vivienda y la telefonía local. En el primer caso, se debe al mayor gasto en vivienda propia asociado a la adquisición de la misma propiciados por los programas de crédito gubernamentales y de reactivación del crédito bancario. En el segundo, por la mayor cobertura de la telefonía móvil.
También se destaca que en la nueva canasta del INPC disminuirá el peso relativo (ponderación) de las mercancías distintas a los alimentos. Sin embargo, también es factible que se reduzca el de los alimentos si su proporción en el gasto total se redujo en ese periodo, como es previsible al subir el ingreso de los hogares en términos reales y al mejorar la distribución del ingreso entre esos dos momentos (el coeficiente de Gini es más bajo en 2008 que en 2000).
Una de las críticas que seguramente se le harán a Banxico es por qué no dejo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se encargara de hacer el cambio del año base con la ENIGH 2010, que estaría disponible después del 15 de julio de 2010 cuando el INEGI asuma la encomienda de medir la inflación. Además, con ello se hubiese evitado el procedimiento de actualización de los precios relativos en un lapso de más de dos años puesto que la ENIGH 2010 se levantó entre agosto y noviembre. Pareciera que Banxico quiso dar “madruguete” y dejar las cosas “amarradas” antes de que traslade a regañadientes la responsabilidad, a pesar de que se diga que el cambio se hizo “con la participación del INEGI” o a los mejor si hubo condescendencia.
En realidad la crítica importante es la no utilización de la ENIGH 2010, porque se “amortigua” la inflación que viene en este 2011. Con la crisis de 2009, el ingreso de las familias cayó drásticamente, se incrementó la pobreza y seguramente también empeoró la distribución del ingreso porque la remuneración de los nuevos empleos fue con sueldos más bajos en promedio. Esto traería como consecuencia que el peso relativo (ponderadores) de los alimentos de la ENIGH 2010 sea más elevado que la del 2008. Esto se vuelve relevante en la coyuntura actual en la que está ocurriendo un alza mundial del precio de estos productos.
También se observa un sesgo a rasurar la inflación por dos vías: dar un tratamiento estadístico especial a conceptos: por ejemplo, separar gas LP de gas natural que tiene una inflación menor. El uso de las medias geométricas en lugar de las aritméticas suaviza las alzas de precios argumentándose que se da la sustitución de los bienes de consumo al enfrentarse cambios de los precios relativos. Ésta es precisamente una crítica a la comisión Boskin en Estados Unidos. Por ejemplo, si la manzana “red delicius” subió menos de precio que la “starking”, utilizó a la primera para representar el alza de las manzanas en general.
Banxico señala que en la definición de la nueva canasta del INPC consideró las características regionales de los mercados y la relación del costo-beneficio en la recopilación de precios. Más allá de la retórica, siguen quedando fuera localidades muy relevantes en la muestra del INPC; aunque ello también es una limitación inherente de la ENIGH que no tiene representatividad ni siquiera a nivel estatal.
Repercusiones:
• El cambio de ponderadores puede ocasionar que la inflación con la nueva base sea revisada a la baja ligeramente. Es decir, si la inflación general en tasa anual en diciembre de 2010 fue de 4.40%, con la nueva base hubiese sido -digamos- 4.28% con lo que se acusara al Banxico de estar maquillando las cifras. Tal vez ello no suceda si no hay estimaciones retrospectivas de la variación porcentual del INPC, pero de todos modos quedara prospectivamente la duda.
Pendientes:
• Ajustar estacionalmente las principales series como se hace desde hace mucho tiempo en muchos países.
• Ampliar el INPC a más ciudades. Todavía no acabamos de entender por qué Jacona, Mich. está en la muestra de 46 ciudades y no aparece, por ejemplo, Cancún.
• No romper las inercias y no comenzar a utilizar más la inflación promedio como la usan diversos organismos internacionales como la OCDE para representarla.
Hay más aspectos que analizar del cambio de año base del INPC, pero los abordaremos en otra ocasión. Por lo pronto, esperaremos dos semanas a que se difundan los ponderadores de la nueva base.
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